qué se entiende por daño informático en el mundo hispanohablante
Llamamos daño informático a cualquier acción que, sin autorización, altere, suprima, dañe o vuelva inaccesibles datos, programas o sistemas. La definición sirve como punto de partida en España, México, Argentina, Chile y Perú, aunque cada ordenamiento la moldea a su manera y le pone un nombre distinto. El objetivo de la norma es siempre el mismo: proteger la integridad de la información y de los sistemas que la tratan.
Conviene separar este delito de otros cercanos. No es lo mismo acceder sin permiso a un sistema —eso suele ser un tipo aparte—, ni el fraude cometido mediante computadora, ni la mera creación de un virus: la clave aquí es que el resultado sea datos o sistemas alterados, borrados, dañados o bloqueados. Tampoco hay que destruir un equipo físico: el ataque puede ejecutarse a distancia contra el software o los datos, y aun así se comete el delito.
En resumen: daño informático = tocar lo que no es tuyo en formato digital, dejando el sistema o la información en peor estado del que estaba.
el principio que comparten casi todos los países y por qué luego cambia
La mayoría de los países hispanohablantes castiga el ataque a la integridad de sistemas y datos, alineándose con el Convenio de Budapest sobre ciberdelincuencia. Ese es el principio común. A partir de ahí, cambian el nombre del delito, la pena, los agravantes y la autoridad competente, y también cambia la forma de denominar a la víctima, al responsable y a la prueba que se necesita para acreditar el hecho.
Por eso un lector que vive en Lima, Madrid, Buenos Aires, Santiago o Ciudad de México no puede confiar en una cifra suelta sacada de otro país. La pena puede ir desde una multa hasta varios años de prisión, y los agravantes se activan según el tipo de sistema afectado: si es estatal, si es de salud, si es infraestructura crítica, o si el autor actuó dentro de una organización criminal. Cada código penal decide qué tanto castigo merece cada escenario.
España: qué dice el Código Penal y ante quién se denuncia
En España el daño informático se regula en el Código Penal, concretamente en los artículos 264 y 264 bis. La reforma que adaptó la materia a la normativa europea se hizo por la Ley Orgánica 1/2015, y sigue siendo la regulación vigente. La vía es siempre penal: la denuncia se presenta ante la Policía Nacional o la Guardia Civil, y la instrucción y el juicio corresponden a los juzgados de lo penal.
El tipo básico protege datos, programas y documentos electrónicos ajenos; el tipo del 264 bis castiga obstaculizar o interrumpir el funcionamiento de un sistema. En ambos casos, el legislador exige que el resultado sea grave, y deja a la jurisprudencia la tarea de decidir cuándo se cumple ese umbral. Esa gravedad se convierte en el eje de cada caso.
los artículos 264 y 264 bis del Código Penal español
El artículo 264 castiga con prisión de seis meses a tres años a quien, sin autorización, borre, dañe, deteriore, altere, suprima o haga inaccesibles datos, programas o documentos electrónicos ajenos. El artículo 264 bis prevé la misma pena para quien obstaculice o interrumpa el funcionamiento de un sistema informático ajeno, usando los medios descritos. La pena se eleva cuando el hecho lo comete una organización criminal, cuando se ocasionan daños muy graves o se afecta a numerosos sistemas, o cuando se pone en riesgo la seguridad del Estado, de la Unión Europea o de un Estado miembro.
También se agravan los casos en los que el daño perjudica gravemente servicios públicos esenciales o el abastecimiento de bienes básicos, afecta a una infraestructura crítica, o sirve para crear programas que permitan cometer otros delitos. Hay un supuesto particular: apropiarse de una contraseña de acceso al sistema, que funciona como agravante específico.
cuándo se considera grave el resultado
El Código Penal español no fija un umbral objetivo de gravedad, así que la carga de la prueba recae en la parte acusadora. La jurisprudencia ha ido perfilando criterios para decidir caso por caso, y entre los más repetidos están la posibilidad o imposibilidad de recuperar los datos, la pérdida definitiva o el grado de deterioro irreversible, el coste económico de la recuperación y la complejidad técnica, la duración de los trabajos de reparación y el valor del perjuicio para el titular, ya sea como daño emergente o como lucro cesante.
En la práctica, eso significa que un ataque cuya reparación cueste poco y permita restaurar toda la información puede quedarse fuera del tipo penal, mientras que uno que inutilice el sistema durante semanas y obligue a reconstruir la base de datos de clientes suele considerarse grave. La Audiencia Provincial de Madrid, en sentencias como la 345/2013 y la 23/2019, ha insistido en que la gravedad es elemento del tipo y debe probarse de forma individual.
qué hacer si eres víctima en España
- Acudir a una comisaría de la Policía Nacional o a un puesto de la Guardia Civil para presentar denuncia y acreditar tu identidad.
- Aportar, si lo tienes, un informe pericial informático elaborado por un perito informático que acredite los daños, su origen, las técnicas usadas y los productos analizados.
- Solicitar, en su caso, las medidas de protección que correspondan por ser víctima de un delito, conforme al Estatuto de la víctima.
- Reclamar la indemnización civil por daños y perjuicios dentro del proceso penal, o por la vía civil si se inicia de forma separada.
México: el daño informático en el Código Penal Federal
En México la materia se tipifica en el Código Penal Federal y en los códigos penales de cada estado, que reproducen y adaptan los tipos federales. La vía penal corresponde a la Fiscalía General de la República en el ámbito federal y a las fiscalías estatales en el fuero común. Conviene tener presente que muchos de los supuestos de daño informático pueden perseguirse tanto por la Federación como por las entidades federativas, según quién sea el afectado y dónde ocurrieron los hechos.
La conducta típica abarca desde la destrucción o alteración no autorizada de datos hasta el bloqueo del sistema o la introducción de programas que impiden su uso normal. Las penas suelen combinar prisión y multa, y se elevan cuando el daño afecta a sistemas del Estado, servicios públicos o infraestructura crítica.
los tipos penales que abarcan el daño informático en México
El Código Penal Federal mexicano prevé delitos contra sistemas y datos con penas de prisión y multa. Las hipótesis típicas incluyen alterar, dañar, suprimir o inutilizar datos, programas o sistemas sin autorización, así como obstaculizar el funcionamiento legítimo de un sistema. Algunas figuras castigan además el acceso indebido y la revelación de secretos obtenidos por esa vía, aunque esos tipos se estudian mejor en sus apartados propios.
Las cifras de pena y multa dependen de la cuantía del daño y de la calidad del afectado, y los códigos estatales pueden añadir agravantes propios. Por eso, antes de denunciar en México, conviene revisar el código penal del estado donde ocurrieron los hechos, porque el detalle cambia.
agravantes y cuándo se considera un ataque a la administración pública
La pena sube cuando el daño afecta a sistemas del Estado, a servicios públicos esenciales o a infraestructura crítica mexicana. También se eleva cuando se usan medios especialmente lesivos, cuando el autor pertenece a una organización criminal, o cuando la víctima es una dependencia pública, un organismo constitucional autónomo o una empresa estratégica. Si el sistema atacado almacena datos personales sensibles, la persecución puede sumar cargos por la legislación de protección de datos.
En la práctica, esto significa que un mismo hecho —borrar una base de datos— puede tener consecuencias penales muy distintas según a quién pertenezca esa base. Atacar un servidor de una dependencia federal suele abrir una carpeta de investigación federal; atacar el sistema de un comercio pequeño normalmente se queda en el fuero común.
dónde denunciar en México
En México, las víctimas pueden acudir a la policía cibernética, a las fiscalías estatales especializadas en delitos electrónicos o, cuando se trata de sistemas federales o de servidores de la administración pública, a la Fiscalía General de la República. La policía cibernética suele ser el primer contacto, porque orienta sobre qué Fiscalía toma el caso y ayuda a preservar la evidencia digital. Las multas y referencias que se manejan en el proceso penal se calculan en pesos mexicanos (MXN), y para efectos de actualización se utiliza la UMA, que en 2026 equivale a 117,31 MXN diarios.
Argentina: daño informático en el Código Penal y la UFEDyCI
En Argentina, el Código Penal tipifica el daño informático en los artículos 183 y 184, dentro del capítulo dedicado a los delitos contra la propiedad. La investigación y el juzgamiento dependen del ámbito: en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la competencia principal la tiene la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas (UFEDyCI) del Ministerio Público Fiscal, y en el resto del país intervienen las fiscalías federales y provinciales según el caso.
La UFEDyCI concentra desde marzo de 2020 todos los recursos humanos y materiales para investigar delitos digitales en la Ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de llevarlos a juicio oral en el corto plazo. Además, asesora a otras fiscalías en la recolección, preservación y análisis de evidencia digital y sirve de enlace con proveedores de servicios de internet extranjeros.
los artículos 183 y 184 del Código Penal argentino
El artículo 183, segundo párrafo, castiga a quien altere, destruya o inutilice datos, documentos, programas o sistemas ajenos. El artículo 184, incisos 5 y 6, eleva la pena cuando el daño afecta a sistemas públicos, de salud, comunicaciones, medios de transporte u otros servicios de interés general. Las multas se fijan en pesos argentinos (ARS), y conviene recordar que en Argentina los importes en pesos pierden valor rápidamente, por lo que siempre se cita su fecha o la forma de actualizarlos.
La UFEDyCI también investiga otros tipos penales que suelen acompañar al daño informático, como el acceso sin autorización del artículo 153 bis, el grooming del artículo 131 y la producción o distribución de material de explotación sexual infantil del artículo 128. Eso convierte a la Unidad en el punto de entrada habitual cuando el daño a un sistema convive con otros ilícitos digitales.
cuándo interviene la UFEDyCI y cuándo la justicia federal
La UFEDyCI tiene competencia exclusiva en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para los delitos y contravenciones informáticas. Cuando los hechos afectan a sistemas de la administración pública nacional, a servicios interestatales o a intereses federales, la causa se deriva a la justicia federal. En las provincias, la competencia corresponde a los Ministerios Públicos provinciales y a las fiscalías cibernéticas que cada jurisdicción haya creado.
Como regla práctica, una pyme porteña atacada por un ex administrador de sistemas denuncia en la UFEDyCI; un ataque a un servidor de un organismo nacional se denuncia en la justicia federal. Esa derivación la decide el propio Ministerio Público Fiscal, no la víctima, pero conviene tener el dato claro para no perder tiempo en la primera entrevista.
cómo denunciar en Argentina y qué hacer con la evidencia digital
- Reunir toda la evidencia digital posible: capturas de pantalla, logs del sistema, correos, registros de acceso y cualquier mensaje relacionado con el ataque, sin alterar fechas ni contenidos.
- Concurrir a la UFEDyCI en CABA o a la fiscalía o comisaría especializada que corresponda según la jurisdicción.
- Solicitar que se preserven las pruebas digitales con cadena de custodia y, si los datos están en servidores fuera del país, activar la cooperación internacional a través del Ministerio Público Fiscal de CABA y de las redes de cooperación que la Unidad integra.
- Una vez formalizada la denuncia, evaluar la reclamación civil por daños y perjuicios contra el autor o contra terceros responsables.
Chile: la Ley 21.459 y los delitos contra sistemas y datos
En Chile, la Ley 21.459, publicada el 9 de junio de 2022, derogó la antigua Ley 19.223 y adecuó el país al Convenio de Budapest. La norma reorganiza los tipos penales en torno a cuatro ejes: ataque a la integridad de un sistema, ataque a la integridad de los datos, acceso ilícito e interceptación ilícita, a los que se suman figuras como la falsificación informática, la receptación de datos y el fraude informático. La Agencia Nacional de Ciberseguridad es el organismo técnico de referencia, y la persecución penal corresponde a las fiscalías y tribunales ordinarios.
Una particularidad chilena es el uso de la UTM para medir las multas y los tramos de pena en algunos delitos. La UTM se reajusta mensualmente con el IPC, así que su valor se actualiza de forma continua: en julio de 2026, la UTM equivale a 71.649 CLP. Esa unidad se usa en Chile y en ningún otro país del artículo.
el ataque a la integridad de un sistema y de los datos
El artículo 1 de la Ley 21.459 chilena castiga con presidio menor en sus grados medio a máximo a quien obstaculice o impida el funcionamiento total o parcial de un sistema, mediante la introducción, transmisión, daño, alteración o supresión de datos. El artículo 4 castiga con presidio menor en su grado medio a quien altere, dañe o suprima datos causando un daño grave al titular. Las multas se fijan en pesos chilenos (CLP) y, en varios tipos, se referencian a la UTM.
La diferencia entre uno y otro artículo está en el objeto protegido: el artículo 1 apunta al sistema en su conjunto, mientras que el artículo 4 apunta a los datos en sí. Por eso, un ataque que vuelve inoperativo un servidor sin tocar la información suele encuadrar en el artículo 1, y uno que manipula la base de datos pero deja el servidor funcionando encuadra en el artículo 4.
agravantes por servicio público esencial y por cuantía
La pena se eleva cuando el daño afecta a la administración pública o cuando el monto en juego supera determinados tramos en UTM. En el caso del fraude informático, por ejemplo, la Ley 21.459 distingue entre perjuicios superiores a 40 UTM, entre 4 y 40 UTM, e inferiores a 4 UTM, con penas y multas proporcionales a cada tramo. El mismo criterio se aplica a otros tipos de la ley cuando el resultado tiene un valor económico.
Cuando el sistema afectado es de la administración del Estado o presta un servicio público esencial, la gravedad se presume y se activan reglas de competencia y de cooperación con la Agencia Nacional de Ciberseguridad. Eso incluye la obligación de reportar incidentes en ciertos casos.
la excepción del acceso ético en Chile
Chile introdujo en 2024, por la Ley 21663, una excepción al acceso ilícito para premiar la investigación de vulnerabilidades de buena fe. El artículo 2 de la Ley 21.459, en su redacción actual, establece que no comete delito quien esté inscrito en el registro de la Agencia Nacional de Ciberseguridad, haya informado previamente del hallazgo, reporte a tiempo al responsable del sistema y a la Agencia, no actúe con ánimo de apropiación ni más allá de lo necesario, no divulgue la vulnerabilidad, y se trate de sistemas de la Administración del Estado o cuente con consentimiento del responsable. Cumplir todos los requisitos es lo que separa al hacker ético del autor de un acceso ilícito.
Perú: daño informático en el Código Penal y la División de Cibercrimen
En Perú, la Ley 30096, Ley de Delitos Informáticos, incorporada al Código Penal peruano, tipifica los delitos contra sistemas y datos, con penas que combinan prisión y multa. La investigación corresponde al Ministerio Público, con apoyo de la División de Cibercrimen de la Policía Nacional del Perú, que es el organismo especializado en la materia. Los importes de multa se calculan en soles (PEN), y para los tramos de gravedad se utiliza la UIT, que en 2026 equivale a 5.500 PEN.
La ley peruana distingue entre varias conductas: alterar, dañar, suprimir o inutilizar datos, programas o sistemas; obstaculizar el funcionamiento de un sistema; y el fraude informático, que se castiga con criterios distintos cuando hay beneficio económico.
los tipos penales de daño informático en el Código Penal peruano
La Ley 30096 peruana prevé pena de prisión y multa para quien altera, daña, suprime o inutiliza datos, programas o sistemas sin autorización. La misma pena alcanza a quien introduce o difundir programas maliciosos orientados a causar esos resultados. Cuando el hecho se comete para obtener un beneficio económico, se aplica el tipo de fraude informático, con una escala de penas vinculada a la UIT.
La multa se calcula en días-multa y se referencia a la remuneración mínima vital, que en 2026 es de 1.130 PEN mensuales. Esa referencia se usa en Perú y en ningún otro país del artículo, y conviene tenerla presente para estimar el impacto económico de una eventual condena.
agravantes por afectación a servicios públicos en Perú
La pena se eleva cuando el daño compromete sistemas del Estado peruano, servicios esenciales o infraestructura crítica. También se eleva cuando se trata de datos sensibles, cuando se usa un medio de alta difusión o cuando el autor pertenece a una organización criminal. Cuando la víctima es una entidad del Estado, la investigación suele coordinarse entre la División de Cibercrimen y la fiscalía especializada que corresponda, y el caso puede ir a la vía penal con pedido de medidas cautelares sobre los sistemas afectados.
En la práctica, las empresas que prestan servicios públicos suelen activar protocolos de reporte ante la División de Cibercrimen, porque la ley contempla la obligación de denunciar incidentes que afecten a la infraestructura nacional. Cumplir ese reporte suele formar parte de la estrategia de defensa corporativa.
dónde denunciar en Perú
En Perú, la víctima puede acudir a la División de Cibercrimen de la Policía Nacional, al Ministerio Público o a los canales de denuncia digital habilitados por la propia Policía. La División de Cibercrimen es el primer contacto recomendado, porque orienta sobre la jurisdicción y ayuda a preservar la evidencia digital. Cuando el hecho involucra a la administración pública o supera determinados montos en UIT, la competencia puede pasar a fiscalías especializadas. Antes de denunciar, conviene tener a mano los registros de auditoría del sistema y cualquier comunicación con el supuesto autor, porque la trazabilidad es clave para acreditar la autoría.
Antes de iniciar un trámite, confirma ante qué organismo corresponde presentar la denuncia en tu país: en cada uno, la competencia cambia según el tipo de sistema afectado y la calidad de la víctima.
Dudas frecuentes sobre el delito de daño informático
1. ¿Qué delitos informáticos recoge el Código Penal español?
El Código Penal de España tipifica desde 2010 los delitos informáticos en los artículos 197 a 201, entre ellos el acceso ilícito a sistemas, la interceptación de datos, los daños informáticos y el sabotaje. Las penas van de prisión de seis meses a cinco años según la gravedad y la afectación a servicios esenciales. Para los casos contra infraestructuras críticas se aplican agravantes que elevan la condena.
2. ¿Qué se entiende por daños informáticos?
Los daños informáticos son la alteración, destrucción, pérdida o inutilización de datos, programas o sistemas ajenos, normalmente mediante virus, borrado de información o ataques de ransomware. En la mayoría de legislaciones hispanohablantes se castigan con pena de prisión porque se considera que el bien jurídico protegido es la integridad del sistema y la información. Si el ataque afecta a servicios públicos, la pena suele aumentar.
3. ¿Dónde está regulado el sabotaje informático en el Código Penal?
En España, el sabotaje informático se regula en el artículo 264 del Código Penal, con penas de uno a tres años de prisión y multa, que pueden subir si se trata de sistemas de la Administración o de servicios esenciales. En América Latina cada país lo contempla en artículos propios dentro de sus códigos penales, con sanciones también de cárcel. La diferencia entre países está en los años de pena y en los supuestos considerados graves.
4. ¿Qué pena tiene acceder sin autorización a un sistema informático?
En España, el acceso ilícito a un sistema ajeno se castiga en el artículo 197 con penas de prisión de seis meses a dos años, según el caso y la jurisprudencia aplicable. En México se castiga con prisión de uno a cuatro años y multa de 100 a 400 UMA, conforme al artículo 211 del Código Penal Federal. En Argentina la pena va de quince días a un año de prisión según el artículo 153 del Código Penal, y en Chile se pena con reclusión menor en su grado mínimo en el artículo 1902 del Código Penal.
5. ¿Cómo se castiga el sabotaje informático?
El sabotaje informático consiste en obstaculizar o impedir el funcionamiento de un sistema o red, y se castiga con prisión en casi todos los países hispanohablantes. En España, el artículo 264 del Código Penal prevé uno a tres años de prisión, ampliable si se afectan servicios públicos. En Colombia el artículo 269A del Código Penal establece entre cuatro y ocho años de prisión, y en Perú la Ley de Delitos Informáticos prevé hasta ocho años.
6. ¿Cuáles son los principales tipos de delitos informáticos?
Los más comunes son el acceso ilícito a sistemas, la interceptación de datos, el fraude electrónico, la distribución de malware y los daños o sabotaje informático. A ellos se suman en muchos países la suplantación de identidad digital, el phishing y el acoso a través de redes. Cada código penal los agrupa con su propio nombre y les asigna penas distintas, por lo que conviene revisar la ley de cada Estado.
7. ¿Qué delitos informáticos están tipificados en el Código Penal?
Los códigos penales de los países hispanohablantes tipifican al menos cinco figuras comunes: acceso ilícito, interceptación de datos, daños y sabotaje informático, fraude electrónico y, en algunos casos, abuso de dispositivos. En España se concentran en los artículos 197 a 201 y 264 del Código Penal; en México en los artículos 211 a 211 octies del Código Penal Federal; y en Chile en los artículos 1902 a 1904, entre otros. Las penas oscilan entre meses y varios años de prisión según el país y la gravedad del hecho.
Fuentes
- ChabaneixabogadosDelito de daños informáticos en España: qué dice el Código Penalconsultado el 12/10/2026
- ArgentinaDelitos informáticos – Ley simple – Argentina.gob.arconsultado el 12/10/2026
- GalvezmonteagudoDelitos informáticos en Perú: evolución legal y desafíosconsultado el 12/10/2026
- DigitalperitoCódigo Penal Delitos Informáticos España | digitalperito.esconsultado el 12/10/2026
- UnirLos principales tipos de delitos informáticos y sus característicasconsultado el 12/10/2026