España: régimen penal de las personas jurídicas y normas que lo activan
En España, la responsabilidad penal de las empresas se rige por la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, cuyo art. 31 bis abrió la puerta a castigar a la persona jurídica por delitos cometidos por sus administradores, directivos o por empleados bajo autoridad de aquellos, cuando se acredita un defecto de organización. La empresa queda obligada a responder cuando el hecho delictivo se comete en su nombre o por su cuenta, en su beneficio, y por falta de control interno. La regla central del sistema español es la siguiente: existe responsabilidad penal de la persona jurídica, pero se reconoce una eximente si la compañía tenía un modelo de prevención de delitos eficaz antes del hecho. La autoridad de referencia para perseguir estos casos es la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, dependiente de la Fiscalía General del Estado, que dirige las investigaciones más complejas y coordina con las fiscalías territoriales. La instrucción corresponde a los juzgados de instrucción y el enjuiciamiento a la jurisdicción penal ordinaria, con audiencia del Ministerio Fiscal.
Las sanciones que prevé el art. 33.7 del Código Penal español son, de menor a mayor gravedad: multa por cuotas o proporcional, suspensión de actividades, clausura de locales, intervención judicial, inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, prohibición de contratar con el sector público, y disolución. Cuando la multa es proporcional, el sistema español la calcula por tramos o por cuota diaria según el tipo penal. La multa por cuotas oscila en cifras orientativas de miles a cientos de miles de euros (EUR), dependiendo del delito y del daño causado. La multa proporcional puede llegar hasta un porcentaje de la facturación o, en su defecto, a una cantidad que en casos graves puede alcanzar los varios millones de euros (EUR).
| Sanción (art. 33.7 CP España) | Cómo se aplica |
|---|---|
| Multa por cuotas o proporcional | Por tramo o porcentaje sobre facturación |
| Suspensión de actividades | Hasta cinco años |
| Clausura de locales | Temporal o definitiva |
| Intervención judicial | Para salvaguardar derechos de trabajadores y acreedores |
| Inhabilitación para subvenciones | Hasta quince años |
| Prohibición de contratar con el sector público | Hasta diez años |
| Disolución | Cuando la persona jurídica se creó o sirvió para delinquir |
Delitos imputables a la empresa en España
El catálogo del art. 31 bis del Código Penal español es amplio y se aplica a supuestos muy diversos:
- Corrupción entre particulares y corrupción pública (cohecho nacional y transnacional).
- Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
- Fraudes fiscales y contra la Seguridad Social.
- Delitos contra los derechos de los trabajadores y contra el medio ambiente.
- Delitos contra la propiedad intelectual e industrial y descubrimiento de secretos.
- Insolvencia punible y delitos societarios.
- Amenazas y coacciones en el ámbito empresarial.
- Receptación y delitos contra la salud pública vinculados a la actividad de la empresa.
Modelo de prevención de delitos y eximente
Para que el compliance funcione como eximente en España, el art. 31 bis exige una serie de elementos que la jurisprudencia ha ido perfilando. La empresa debe contar, como mínimo, con:
- Un mapa de riesgos penales actualizado, con identificación de las áreas de actividad donde es más probable cometer un delito.
- Protocolos escritos y conocidos por la plantilla que regulen la toma de decisiones en zonas sensibles.
- Un canal de denuncias interno, con garantías de confidencialidad y protección del denunciante.
- Un órgano de supervisión con poderes autónomos de vigilancia y sanción, dotado de medios suficientes.
- Un régimen disciplinario interno que castigue los incumplimientos del modelo.
- Verificación periódica del modelo y revisión cuando se produzcan infracciones o cambios relevantes.
Sin un modelo eficaz que acredite control sobre las personas que delinquen en el seno de la sociedad, no hay eximente y la multa es solo una de las sanciones posibles.
Sanciones y procedimiento en España
El régimen sancionador del art. 33.7 del Código Penal español distingue entre multas y penas privativas de derechos. La multa por cuotas se fija con un mínimo y un máximo de días, y la proporcional se gradúa según la facturación o, si no se conoce, según una cantidad alternativa. La jurisprudencia española interpreta que las sanciones buscan tanto el castigo como la prevención, por lo que la disolución solo se aplica cuando la empresa se creó o se utilizó fundamentalmente para delinquir. El proceso se tramita ante la jurisdicción penal ordinaria: el juzgado de instrucción investiga, la Fiscalía acusa y el juicio oral se celebra ante la Audiencia Provincial o los Juzgados de lo Penal, según la pena prevista.
México: del «velo corporativo» a la responsabilidad penal de las personas morales
En México, la responsabilidad penal de las personas morales no existía en la práctica hasta la reforma de 2016. El Código Nacional de Procedimientos Penales, en su art. 421, abrió la puerta para imputar a las empresas por delitos cometidos a su nombre, por su cuenta, en su beneficio o a través de sus medios, cuando haya inobservancia del debido control en su organización. La lógica mexicana no exige que la persona moral sea declarada culpable del delito principal; basta con que la conducta se haya producido por un defecto organizativo serio y demostrable. Las autoridades que intervienen son la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera y el Servicio de Administración Tributaria, además de la Secretaría de Economía en cuestiones societarias. La Ley de la Fiscalía General de la República regula la organización y atribuciones del Ministerio Público Federal, que es quien investiga estos casos en el ámbito federal. Las cifras que aparecen en este apartado van en pesos mexicanos (MXN).
| Autoridad (México) | Competencia en derecho penal corporativo |
|---|---|
| Fiscalía General de la República | Investigación y acusación de delitos federales |
| Unidad de Inteligencia Financiera | Detección de lavado y operaciones sospechosas |
| Servicio de Administración Tributaria | Denuncia de defraudación fiscal y operaciones simuladas |
| Secretaría de Economía | Registro y cancelación de personas morales |
Reforma de 2016 y posición de garante
La reforma penal de 2016 incorporó el art. 421 al Código Nacional de Procedimientos Penales y puso fin al llamado «velo corporativo», es decir, a la idea de que la persona moral servía como escudo frente a la responsabilidad penal. El representante legal tiene posición de garante según los arts. 157 y 160 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, porque administra y representa a la sociedad. Su responsabilidad penal en México suele configurarse por comisión por omisión, cuando deja de implementar controles, supervisar operaciones de riesgo o corregir irregularidades evidentes. Un ejemplo práctico ayuda a entender las cifras: si la multa se calcula en días de salario mínimo vigente en 2026, y el salario mínimo general para 2026 es de 315,04 MXN/día, una multa de mil días equivaldría a 315.040 MXN; una de cinco mil días, a 1.575.200 MXN; y una de diez mil días, a 3.150.400 MXN. La UMA de 2026 (117,31 MXN/día) se usa en otras referencias del sistema penal mexicano, como topes de multa y conversión de sanciones, por lo que conviene tenerla a mano.
Compliance penal y cumplimiento de la Ley Antilavado en México
La legislación mexicana no reconoce un eximente automático por tener un programa de compliance, pero un modelo eficaz puede servir para neutralizar el defecto organizativo que el art. 421 castiga. Para que el compliance penal funcione como defensa en México, la empresa debe:
- Integrar el compliance en el gobierno corporativo como sistema vivo, con trazabilidad documental y revisión periódica.
- Identificar y registrar a los beneficiarios controladores en el Sistema de Información Empresarial Mexicano, conforme al art. 32-B quáter del Código Fiscal de la Federación.
- Cumplir las obligaciones de la Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita en su texto vigente desde julio de 2025, incluyendo las nuevas obligaciones de los arts. 33 bis a 32 y a 32 ter sobre identificación y reporte de operaciones.
Sanciones y autoridades en México
Las sanciones que prevé el art. 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales son:
- Multa, que puede ir de cientos a miles de días de salario mínimo o de UMA, según el caso.
- Suspensión de actividades hasta por cinco años.
- Disolución de la sociedad cuando se acredite que fue creada o se utilizó para delinquir.
- Decomiso de los bienes relacionados con el delito.
- Las autoridades que intervienen son la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera, el Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría de Economía, cada una dentro de su ámbito.
Argentina: derecho penal empresario y responsabilidad penal de la persona jurídica
Argentina cuenta con un régimen específico de responsabilidad penal empresaria, la Ley 27.401, aplicable a las personas jurídicas privadas por delitos de corrupción pública. Su catálogo es cerrado e incluye cohecho nacional y transnacional, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, concusión, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, fraude contra la administración pública, balances y registros falsos, y lavado de activos. La ley prevé un eximente por programas de integridad eficaces, implementados antes del hecho. Las autoridades de referencia son el Ministerio Público Fiscal, con la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), y la Unidad de Información Financiera (UIF). Las cifras en este apartado van en pesos argentinos (ARS).
| Sanciones de la Ley 27.401 (Argentina) | Descripción |
|---|---|
| Multa | De dos a cinco veces el valor del beneficio indebido |
| Suspensión | Hasta diez años |
| Pérdida de beneficios fiscales | Hasta diez años |
| Disolución | Cuando la persona jurídica fue creada o sirvió para delinquir |
| Inhabilitación para contratar con el Estado | Hasta diez años |
Requisitos del programa de integridad en Argentina
El art. 23 de la Ley 27.401 enumera los elementos mínimos que debe reunir un programa de integridad para servir como eximente. La empresa debe contar con:
- Un código de conducta, con reglas claras sobre conflictos de interés y regalos.
- Políticas y procedimientos internos para prevenir delitos en su actividad concreta.
- Capacitación periódica a directivos y empleados sobre el código y los protocolos.
- Canales de denuncia accesibles y confidenciales, con protección del denunciante.
- Reglas específicas para la relación con terceros y la cadena de valor.
- Debida diligencia sobre socios comerciales, proveedores y agentes.
- Controles financieros internos que detecten operaciones sospechosas.
- Régimen disciplinario para incumplimientos internos.
- Reporte de irregularidades a las autoridades competentes.
Sanciones y proceso penal en Argentina
El proceso penal contra la persona jurídica se tramita ante la justicia federal o provincial competente, según el tipo penal y el lugar de los hechos. La UIF actúa como querellante en los casos de lavado y puede aportar información patrimonial clave. PROCELAC, dentro del Ministerio Público Fiscal, coordina investigaciones complejas que involucran a varias empresas o a grupos económicos. Las sanciones del régimen argentino son la multa, suspensión de actividades, pérdida de beneficios fiscales, inhabilitación para contratar con el Estado y disolución. Los montos y plazos concretos dependen del beneficio obtenido y de la gravedad del hecho, por lo que conviene revisarlos caso por caso en la propia ley.
Chile: responsabilidad penal de las personas jurídicas en materia de lavado, corrupción y terrorismo
Chile fue pionero en la región con la Ley 20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas por lavado de activos, financiamiento del terrorismo, cohecho a funcionario público nacional o extranjero, receptación, negociación incompatible, corrupción entre particulares, apropiación indebida, administración desleal, contaminación y Trata de personas. El sistema chileno ha ampliado el catálogo mediante reformas posteriores, lo que ha obligado a las empresas a mantener modelos de prevención actualizados. La autoridad que investiga es el Ministerio Público, con Fiscalías Nacionales especializadas, y la Unidad de Análisis Financiero (UAF) cumple funciones de inteligencia financiera. Las cifras de este apartado van en pesos chilenos (CLP).
| Sanciones Ley 20.393 (Chile) | Descripción |
|---|---|
| Multa a beneficio fiscal | Multa por tramo según el delito |
| Comiso | De los bienes utilizados en el delito |
| Publicación de la sentencia | Para conocimiento general |
| Disolución y cancelación | Cuando la sociedad fue creada para delinquir |
| Prohibición de celebrar actos con el Estado | Hasta cierto plazo |
| Pérdida de beneficios fiscales | Plazo variable |
Modelo de prevención de delitos en Chile
El art. 4 de la Ley 20.393 exige requisitos puntuales para que el modelo de prevención funcione como atenuante o eximente. La persona jurídica debe:
- Designar un prevencionista de delitos, con dedicación y facultades suficientes.
- Definir los medios o cargos de la persona que lo reemplace en su ausencia.
- Instaurar y mantener un modelo de prevención de delitos, actualizado y conocido.
- Acreditar la certificación del modelo por entidades registradas ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) cuando la ley lo exija.
Sanciones y proceso penal en Chile
El proceso penal contra la persona jurídica se tramita ante los tribunales orales en lo penal, con investigación del Ministerio Público y acusación de la UAF cuando corresponde. Las sanciones incluyen multa a beneficio fiscal, comiso, publicación de la sentencia, prohibición de celebrar actos y contratos con el Estado, pérdida de beneficios fiscales y, en casos extremos, disolución o cancelación de la personalidad jurídica. El detalle de los plazos y montos depende del delito concreto, por lo que conviene revisar la ley y sus reformas en cada caso.
Perú: responsabilidad penal de las personas jurídicas, compliance y extinción de dominio
En Perú, el Decreto Legislativo 1352 y sus modificatorias regulan la responsabilidad penal autónoma de las empresas por delitos como lavado de activos, cohecho, asociación ilícita, fraude en la administración, financiamiento del terrorismo y delitos ambientales. La autoridad que investiga es el Ministerio Público, con fiscalías especializadas, y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF-Perú) cumple el rol de inteligencia financiera. Las cifras en este apartado van en soles (PEN).
| Sanciones DL 1352 (Perú) | Descripción |
|---|---|
| Multa | Calculada sobre la UIT y la gravedad del hecho |
| Comiso | De los bienes objeto del delito |
| Inhabilitación | Para contratar con el Estado |
| Cancelación | De la inscripción registral |
| Disolución | Cuando la persona jurídica se usó para delinquir |
| Pérdida de beneficios fiscales | Variable |
| Publicación de la sentencia | Para conocimiento general |
Modelo de prevención penal y requisitos de cumplimiento
El modelo de prevención que el Decreto Legislativo 1352 exige como eximente debe cumplir con lo siguiente:
- Políticas y procedimientos internos adaptados a los riesgos del sector.
- Canal de denuncias interno, con confidencialidad y protección del denunciante.
- Debida diligencia sobre socios, proveedores y colaboradores.
- Formación periódica para empleados y directivos.
- Evaluación continua de riesgos y actualización del modelo.
- Supervisión por un oficial de cumplimiento, con autonomía y recursos.
Cuando la empresa contrate con el Estado, el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE) revisa aspectos vinculados al modelo de prevención en el marco de la contratación pública, mientras que la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) regula los sectores financieros y de seguros con reglas propias.
Sanciones y proceso penal en Perú
El proceso penal se tramita ante el Ministerio Público y los juzgados penales competentes. Las sanciones aplicables a la persona jurídica son multa, comiso, inhabilitación, cancelación, disolución, pérdida de beneficios y publicación de la sentencia. La Ley de Extinción de Dominio permite perseguir los bienes de origen ilícito con independencia del resultado del proceso penal, por lo que las empresas afectadas por investigaciones deben revisar también el frente patrimonial. El cálculo de la multa se vincula a la UIT, que en 2026 asciende a 5.500 PEN, según el Decreto Supremo 301-2025-EF.
Argentina, Chile y Perú: matices comunes que conviene no mezclar
Argentina, Chile y Perú comparten el modelo de responsabilidad penal autónoma de la persona jurídica, pero lo aplican con lógicas distintas. Argentina optó por un catálogo cerrado y específico de delitos de corrupción pública; Chile partió con un catálogo acotado que ha ampliado por reformas sucesivas; Perú adoptó un catálogo más extenso y transversal. La diferencia se nota en la práctica: una empresa con operaciones en los tres países no puede dar por hecho que un programa de integridad válido en Argentina servirá en Chile o en Perú sin ajustes. Los organismos especializados también cambian: PROCELAC en Argentina, la UAF en Chile, y la UIF-Perú cumplen funciones similares, pero sus competencias y poderes son distintos. Las sanciones se parecen en el nombre —multa, suspensión, disolución, inhabilitación— pero cambian de monto, plazo y autoridad competente, por lo que un análisis país por país es indispensable antes de diseñar un programa regional.
España, México, Argentina, Chile y Perú: comparativa de un vistazo
| País | Ley principal | Organismo competente | Moneda local | Sanción principal |
|---|---|---|---|---|
| España | Ley Orgánica 10/1995, Código Penal | Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada | EUR | Multa proporcional o por cuotas |
| México | Código Nacional de Procedimientos Penales, art. 421 | Fiscalía General de la República | MXN | Multa en días de salario mínimo o UMA |
| Argentina | Ley 27.401 | PROCELAC y UIF | ARS | Multa de dos a cinco veces el beneficio indebido |
| Chile | Ley 20.393 | Ministerio Público y UAF | CLP | Multa a beneficio fiscal |
| Perú | Decreto Legislativo 1352 | Ministerio Público y UIF-Perú | PEN | Multa vinculada a la UIT |
La regla local se comprueba en la norma del país donde opera la empresa; un programa de compliance que sirve en uno puede no servir en otro.
Datos comprobados en octubre de 2026.
Preguntas frecuentes sobre derecho penal corporativo
1. ¿Qué salidas profesionales ofrece un máster en derecho penal económico y compliance?
Te abre camino en departamentos de cumplimiento de empresas, despachos con área de compliance y firmas de auditoría que asesoran investigaciones internas. En España es habitual empezar como analista de riesgos y, en pocos años, coordinar el modelo de prevención de delitos. La demanda crece porque cada jurisdicción, desde México hasta Chile, exige programas propios de cumplimiento normativo.
2. ¿Cómo es trabajar en el área de derecho penal económico en un despacho grande como Garrigues?
Allí se llevan investigaciones internas, acusaciones por blanqueo y defensas en macrocausas que cruzan fronteras, así que aprenderás a coordinar abogados de varias jurisdicciones. El trabajo combina litigación penal y consultoría preventiva para empresas cotizadas. Es una buena puerta de entrada si te interesa el derecho penal corporativo internacional.
3. ¿Dónde estudiar un máster en derecho fuera de España?
Universidades de Alemania, Países Bajos y Reino Unido ofrecen másteres en criminal compliance y corporate crime muy reconocidos en Europa. En Latinoamérica, opciones en Chile, Colombia y Argentina están ganando peso por la demanda local de especialistas. Conviene mirar si el programa se imparte en español y si homologa el título al volver a tu país.
4. ¿En qué consiste combinar un máster de abogacía con uno de derecho penal económico?
El primero te habilita para ejercer como abogado mediante prácticas en despacho y suele durar un año en España. Sumarle un segundo máster en penal económico añade especialización en compliance y responsabilidad penal de la empresa, un perfil muy buscado por grandes firmas. Te prepara tanto para litigar como para asesorar a consejos de administración en España, México o Perú.
5. ¿Qué se aprende en un máster en derecho penal?
Se estudian los elementos del delito, las garantías del acusado y el proceso penal, con módulos específicos en delitos económicos, compliance y responsabilidad penal de las personas jurídicas. Muchos programas incluyen prácticas en despachos, fiscalías o empresas donde aplicar la teoría a casos reales. Es la base para después especializarte en compliance o criminalidad de empresa en cualquier país hispanohablante.
Fuentes
- MoralespenalAbogados en derecho penal y Compliance | Barcelona | Moralesconsultado el 13/10/2026
- RaskovskyasociadosAbogados de Derecho Penal Empresario en Buenos Airesconsultado el 13/10/2026
- UclmMáster en Cumplimiento Normativo en Materia Penal – UCLMconsultado el 13/10/2026
- CiencialatinaLa responsabilidad penal de las personas jurídicas en Méxicoconsultado el 13/10/2026
- LlodraDerecho Penal Corporativo – Áreas de práctica – LLODRÁ Lawconsultado el 13/10/2026