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Derecho al trabajo en la Constitución española y su lectura en los países hispanohablantes

noviembre 15, 2026 Derecho Facil 17 min read
Derecho al trabajo en la Constitución española y su lectura en los países hispanohablantes

Qué es el derecho al trabajo y por qué se entiende distinto según el país

El derecho al trabajo no es una idea abstracta: en cada Constitución se traduce en promesas concretas que después aterrizan —o no— en leyes laborales, organismos públicos y tribunales. Por eso leerlo solo desde la Constitución Española deja fuera más de la mitad del mapa; y leerlo solo desde el código de un país deja fuera a los demás.

Lo que cambia de un país a otro no es tanto el principio como su alcance: el deber de trabajar puede ser una obligación del ciudadano o solo una fórmula retórica; la libre elección de oficio puede chocar con regulaciones por ramo; la remuneración justa puede fijarse por ley, por convenio o por negociación individual; y la protección frente al despido arbitrario puede venir de una indemnización tasada o de la reinstalación obligatoria. Cada país ha decidido dónde pone el peso, y eso se nota en el día a día de cualquier trabajador.

Entender el derecho al trabajo exige, por tanto, leer la Constitución como una foto fija y la ley laboral como la película. La foto dice qué se promete; la película dice qué se cobra, qué se descansa y qué se reclama cuando la promesa falla.

El derecho al trabajo se parece en los cinco países en los principios, pero se vive de forma muy distinta según la ley que lo desarrolle y el organismo que lo haga cumplir.

Lo que comparten casi todos los países hispanohablantes

  • El reconocimiento simultáneo del deber y del derecho a trabajar, aunque el acento varía: en algunas constituciones pesa más la obligación con la sociedad y en otras la facultad del individuo.
  • La libre elección de oficio o profesión, con límites que cambian según el país: licencias, títulos habilitantes o cupos.
  • Una remuneración justa como aspiración constitucional, que se concreta en salarios mínimos, paridad por igual tarea o protección frente a descuentos abusivos.
  • La prohibición de discriminar en el acceso y en las condiciones de empleo por motivos como sexo, raza, religión u opinión.
  • La protección frente al despido arbitrario, aunque la herramienta cambie: indemnización, reinstalación o ambas.
  • Derechos colectivos: sindicación libre, negociación y, con ciertos límites, huelga.

El detalle —cómo se calcula cada pieza, ante quién se reclama y en qué plazo— cambia por completo de un país a otro, y ese detalle es el que decide qué pasa cuando algo sale mal en un contrato.

España: el artículo 35 y sus garantías

En España, el derecho al trabajo vive en el artículo 35 de la Constitución Española, dentro del Capítulo II del Título I. Su apartado primero reconoce a la vez el deber y el derecho a trabajar, la libertad de elegir profesión u oficio, la promoción a través del trabajo y una remuneración suficiente para atender las necesidades propias y familiares, sin discriminación por sexo. El apartado segundo reserva a la ley —hoy al Estatuto de los Trabajadores y a la Ley General de la Seguridad Social— el desarrollo concreto del estatuto de los trabajadores.

El artículo 35 forma parte del Capítulo II «Derechos y deberes de los ciudadanos», no del Capítulo II «De los derechos fundamentales y de las libertades públicas», así que su protección es fuerte pero no llega al nivel del recurso de amparo ordinario por la vía del artículo 53.2; aun así, queda blindado por las garantías que se describen en la sección siguiente y puede llegar al Tribunal Constitucional de España por otras vías.

La fuente oficial del texto consolidado es el Boletín Oficial del Estado, y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional —por ejemplo, la STC 80/1982— ha aclarado que el precepto vincula directamente a las Administraciones Públicas sin necesidad de desarrollo normativo ulterior.

Las garantías que blindan el art. 35 CE

  1. Recurso de inconstitucionalidad contra leyes del Estado o de las comunidades autónomas que vulneren el derecho (artículos 53.1 y 161.1.a de la Constitución Española), promovido ante el Tribunal Constitucional de España.
  2. El Defensor del Pueblo, como alto comisionado de las Cortes Generales, vigila el respeto de los derechos del Título I, incluido el artículo 35 (artículo 54 de la Constitución Española).
  3. Reserva de ley para regular el ejercicio del derecho, respetando siempre su contenido esencial (artículo 53.1 de la Constitución Española); esa ley es, en lo laboral, el Estatuto de los Trabajadores.
  4. Prohibición de Decreto-ley en esta materia: el artículo 86.1 de la Constitución Española excluye los derechos del Título I del recurso al decreto legislativo de urgencia, ni siquiera en caso de extraordinaria y urgente necesidad.
  5. Aplicabilidad directa, según la STC 80/1982: el precepto obliga por sí mismo a las Administraciones Públicas, sin esperar al desarrollo del Estatuto de los Trabajadores.

Cómo se protege este derecho si se vulnera en España

  1. Reclamación interna: conciliación previa ante el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC) o, en su caso, ante la Inspección de Trabajo; si no hay acuerdo, demanda ante el juzgado de lo social competente, en plazos que fija el Estatuto de los Trabajadores y la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social —el plazo general para reclamar por despido en España es de 20 días hábiles, y por salarios suele ser de un año.
  2. Recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia y, si procede, recurso de casación para unificación de doctrina ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo.
  3. Recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional de España si se estima vulnerado un derecho fundamental del Capítulo II del Título I distinto del artículo 35, o cuando la vulneración del propio artículo 35 abra paso a un derecho conexo tutelable en amparo.
  4. Queja ante el Defensor del Pueblo, que puede abrir investigación y recomendar medidas a la Administración.
  5. Vía internacional, una vez agotada la vía judicial interna: Tribunal Europeo de Derechos Humanos por la posible vulneración de derechos del Convenio Europeo; Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU para derechos del Pacto DESC; y Comité de Libertad Sindical de la OIT cuando lo afectado sean derechos sindicales o de huelga.

México: el derecho al trabajo en la Constitución y la Ley Federal del Trabajo

En México, la Constitución Federal eleva el trabajo a derecho y deber social en el apartado A del artículo 123, base de toda la legislación laboral ordinaria. Su desarrollo principal está en la Ley Federal del Trabajo, que fija jornada, salario, descansos, vacaciones, seguridad social y derechos colectivos, y en leyes especiales como la Ley del Seguro Social y la Ley del INFONAVIT.

Los organismos que aplican esta normativa son, en el ámbito federal, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social —con su Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET), que asesora y representa gratuitamente al trabajador—, el Instituto Mexicano del Seguro Social y los Tribunales Laborales Federales. En el ámbito local, los Centros de Conciliación y los Tribunales Laborales de cada entidad federativa resuelven los conflictos que no superan los topes competenciales federales. La conciliación prejudicial en el Centro correspondiente es obligatoria antes de demandar.

Derechos laborales clave que reconoce México

  • Jornada máxima de 8 horas diarias y 48 semanales, con horas extras pagadas al doble o al triple según el número y la naturaleza.
  • Salario mínimo general fijado por la CONASAMI, que para 2026 es de 315,04 MXN diarios (unos 9.582,47 MXN al mes), y de 440,87 MXN diarios en la Zona Libre de la Frontera Norte (CONASAMI, 2026).
  • Descanso semanal de al menos un día por cada seis de trabajo, con prima dominical cuando se labore en domingo.
  • Vacaciones mínimas de 12 días laborables al año, que aumentan con la antigüedad según la propia Ley Federal del Trabajo.
  • Seguridad social obligatoria a través del IMSS, que cubre riesgos de trabajo, enfermedades, maternidad y retiro.
  • Libertad sindical y derecho de huelga en los términos del artículo 123 constitucional y sus leyes reglamentarias.
  • Reparto de utilidades (PTU) para los trabajadores de empresas que generan ganancias, con reglas y topes fijados por la ley.

Dónde reclamar en México si se vulnera este derecho

  1. Asesoría gratuita con la PROFEDET, dependiente de la STPS: orienta, calcula finiquitos y, si procede, representa al trabajador.
  2. Inspección laboral ante la STPS cuando se trate de condiciones de trabajo, seguridad e higiene o despido masivo.
  3. Conciliación prejudicial obligatoria en el Centro de Conciliación (federal o estatal, según el ámbito), paso previo indispensable para presentar demanda.
  4. Demanda ante el Tribunal Laboral (federal o local), que sustituye a las extintas Juntas de Conciliación y Arbitraje desde la reforma de 2019.
  5. Vía administrativa o contenciosa ante el IMSS para temas de seguridad social, semanas cotizadas o pensiones.

Argentina: el artículo 14 bis y sus leyes complementarias

En Argentina, la protección del trabajo se concentra en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, incorporado en la reforma de 1957. El precepto enumera condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada, descanso y vacaciones pagados, retribución justa, salario mínimo vital móvil, igual remuneración por igual tarea, participación en las ganancias, protección frente al despido arbitrario, estabilidad del empleado público, organización sindical libre y derecho de huelga.

Su desarrollo legal se reparte entre la Ley de Contrato de Trabajo 20.744, la Ley de Asociaciones Sindicales y la Ley de Riesgos del Trabajo. La autoridad de aplicación nacional es, hoy, la Secretaría de Trabajo dependiente del Ministerio de Capital Humano; la seguridad social corre por cuenta de la ANSES.

Contenido concreto del 14 bis para el trabajador argentino

  • Condiciones dignas de labor, con obligaciones del empleador en higiene, seguridad y medio ambiente de trabajo.
  • Jornada limitada: 8 horas diarias o 48 semanales según la Ley de Contrato de Trabajo, con reglas especiales para turnos y francos.
  • Descanso semanal de al menos 24 horas corridas y vacaciones anuales pagas, con un mínimo legal que crece con la antigüedad.
  • Salario mínimo, vital y móvil fijado por el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el SMVM, que para 2026 arranca en 372.400 ARS mensuales (argentina.gob.ar/trabajo).
  • Estabilidad del empleado público: el propio artículo 14 bis la garantiza, aunque sus contornos los fija cada régimen estatutario provincial o nacional.
  • Protección frente al despido arbitrario, con distintas reglas según se trate de empleo público, trabajadores bajo convenio con estabilidad sindical o empleo privado.
  • Organización sindical libre y democrática por la simple inscripción en un registro especial, y derecho de huelga con las regulaciones de la Ley de Asociaciones Sindicales.

Vías de reclamo en Argentina

  1. Denuncia o reclamo ante la Secretaría de Trabajo de Argentina, dependiente del Ministerio de Capital Humano, que puede labrar acta de infracción y citar a audiencia de conciliación.
  2. Instancia obligatoria de conciliación en el SECLO (en CABA) o en la sede equivalente de cada provincia, paso previo a la demanda judicial.
  3. Demanda ante la Justicia Nacional del Trabajo o los tribunales laborales provinciales según el caso y la jurisdicción.
  4. Gestión ante la ANSES para todo lo relacionado con jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares.
  5. Vía internacional ante el Comité de Libertad Sindical de la OIT, si la cuestión afecta a derechos sindicales y la vía interna está agotada.

Chile: el derecho al trabajo en la Constitución y el Código del Trabajo

En Chile, el derecho al trabajo se ancla en el artículo 19 de la Constitución, especialmente en sus numerales sobre la libertad de trabajo y la libertad sindical, y se desarrolla en el Código del Trabajo. La autoridad administrativa clave es la Dirección del Trabajo, que fiscaliza, dicta dictámenes y media en conflictos individuales y colectivos.

El ingreso mínimo mensual que sirve de suelo salarial en Chile para 2026 es de 350.000 CLP, vigente desde el 1 de enero de ese año (reajuste del ingreso mínimo mensual). A su lado se utiliza la UTM, unidad tributaria reajustada cada mes por el Servicio de Impuestos Internos, que para julio de 2026 se ubica en 71.649 CLP (Servicio de Impuestos Internos).

Lo que la Constitución y el Código del Trabajo garantizan en Chile

  • Libre elección de trabajo y protección del trabajador en el ejercicio de sus funciones, con la posibilidad de negociar colectivamente y de afiliarse o desafiliarse a un sindicato sin intervención del empleador.
  • Jornada máxima ordinaria de 45 horas semanales distribuidas en no más de seis días, con 15 minutos de descanso dentro de la jornada.
  • Descanso semanal obligatorio de al menos 33 horas corridas, y descanso en días feriados irrenunciables cuando se trate de dependientes del comercio.
  • Vacaciones anuales de 15 días hábiles con remuneración íntegra.
  • Protección frente al despido sin causa justificada, con indemnización legal o el derecho a demandar el despido injustificado según las reglas del propio Código del Trabajo.
  • Derecho a sindicalizarse y a negociar colectivamente en sus distintos niveles, con las garantías del fuero sindical.

Cómo se calcula el finiquito en Chile

El finiquito se calcula sobre cuatro componentes que el artículo 163 del Código del Trabajo de Chile enumera: años de servicio, último sueldo, vacaciones pendientes y aviso previo.

Caso concreto: Andrea deja la empresa el 30 de junio de 2026 tras 4 años, 11 meses y 13 días. Su último sueldo bruto mensual es de 950.000 CLP, le quedan 7 días de vacaciones y el empleador no le dio aviso previo.

Concepto Fórmula Cálculo Resultado en CLP
Indemnización por años de servicio 1 sueldo bruto por cada año o fracción superior a 6 meses 5 años × 950.000 CLP 4.750.000
Vacaciones pendientes (sueldo bruto / 30) × días pendientes (950.000 / 30) × 7 221.667
Sustitutiva de aviso previo (no se dio aviso) 1 sueldo bruto 950.000 × 1 950.000
Total estimado del finiquito suma de los tres conceptos — 5.921.667

En Chile, el finiquito real suma a estos tres conceptos las cotizaciones de seguridad social proporcionales y los días efectivamente trabajados del último mes; el cálculo anterior es solo una referencia del componente indemnizatorio.

Dónde acudir en Chile si el derecho se vulnera

  1. Reclamo ante la Dirección del Trabajo de Chile, que puede citar a una audiencia de conciliación y, en su caso, fiscalizar el cumplimiento.
  2. Mediación o demanda directa ante los Juzgados de Letras del Trabajo cuando no haya conciliación o cuando la materia lo permita.
  3. Reclamación ante la Superintendencia de Pensiones o la Superintendencia de Seguridad Social si la vulneración afecta a cotizaciones, pensiones o beneficios de seguridad social.
  4. Vía internacional ante el Comité de Libertad Sindical de la OIT, una vez agotada la vía interna, para cuestiones de libertad sindical y negociación colectiva.

Perú: el derecho al trabajo en la Constitución y la legislación laboral

En Perú, el derecho al trabajo vive en el artículo 22 de la Constitución, y el derecho a una remuneración equitativa y suficiente en el artículo 23. La legislación ordinaria que los desarrolla se apoya en el Decreto Legislativo 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, y en el Decreto Legislativo 713 sobre descansos remunerados.

El organismo rector es el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), y la fiscalización se ejerce a través de SUNAFIL, entidad descentralizada que inspecciona, sanciona y supervisa el cumplimiento de las normas socio-laborales en todo el país.

La remuneración mínima vital (RMV) se mantiene en 1.130 PEN mensuales desde el 1 de enero de 2025 y no ha variado en 2026, según el último decreto de actualización del MTPE. La UIT para 2026 es de 5.500 PEN (El Peruano, D.S. 301-2025-EF).

Derechos laborales que la Constitución y las leyes peruanas reconocen

  • Jornada máxima de 8 horas diarias y 48 semanales, con jornada nocturna reducida a 7 horas si se trabaja entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana.
  • Descanso semanal de al menos 24 horas consecutivas y derecho a feriados no laborables retribuidos, conforme al Decreto Legislativo 713.
  • Vacaciones anuales de 30 días calendario con goce de remuneración, acumulables solo por acuerdo escrito y hasta un máximo legal.
  • Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), equivalente al 50 % de la mejor remuneración computable, depositada dos veces al año en mayo y noviembre.
  • Gratificaciones de julio y diciembre, equivalentes a una remuneración completa cada una, con bonificación adicional del 9 % cuando corresponda.
  • Estabilidad laboral protegida en casos de maternidad, sindicalizados y trabajadores con discapacidad, entre otros.
  • Libertad sindical, negociación colectiva y derecho de huelga en los términos del TUO de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo.

Dónde reclamar en Perú si se vulnera este derecho

  1. Denuncia o consulta ante el MTPE, donde la Dirección de Prevención y Solución de Conflictos puede citar a conciliación extrajudicial gratuita.
  2. Orden de inspección ante SUNAFIL, que fiscaliza condiciones laborales, jornada, remuneraciones, seguridad y salud en el trabajo, y puede sancionar al empleador infractor.
  3. Denuncia penal ante el Ministerio Público cuando los hechos puedan constituir delito laboral, trabajo forzoso o discriminación.
  4. Demanda judicial ante el Juzgado Laboral Permanente, con la Nueva Ley Procesal del Trabajo ya vigente en distintos distritos judiciales, previa conciliación salvo excepción.
  5. Reclamo ante la ONP, AFP, ESSALUD u otra entidad cuando la vulneración afecte a pensiones, salud o prestaciones de seguridad social, según la materia concreta.

En los cinco países, las cifras salariales se expresan en soles, pesos mexicanos, pesos argentinos, pesos chilenos y euros, sin conversión posible entre ellas; cualquier equivalencia debe consultarse con el tipo de cambio del día, y cambia a diario.

Comparativa rápida de cinco países

País Norma constitucional Ley de desarrollo Organismo laboral Moneda
España art. 35 CE (BOE) Estatuto de los Trabajadores Tribunal Constitucional, Defensor del Pueblo euros (EUR)
México art. 123 CPEUM (DOF) Ley Federal del Trabajo STPS, PROFEDET, Tribunales Laborales, IMSS pesos mexicanos (MXN)
Argentina art. 14 bis CN (infoleg) Ley de Contrato de Trabajo 20.744 Secretaría de Trabajo, ANSES pesos argentinos (ARS)
Chile art. 19 CPR (bcn.cl) Código del Trabajo Dirección del Trabajo pesos chilenos (CLP)
Perú arts. 22 y 23 CP D. Leg. 728 y D. Leg. 713 MTPE, SUNAFIL soles (PEN)

Datos del artículo comprobados en octubre de 2026.

Preguntas frecuentes sobre el derecho al trabajo

1. ¿Qué dice la Constitución Española sobre el derecho al trabajo?

El artículo 35 de la Constitución Española reconoce el derecho y el deber de trabajar, la libertad de elegir profesión u oficio, y la obligación de los poderes públicos de velar por una política de empleo que fomente la formación y la readaptación profesional. No incluye el acceso al desempleo como derecho, aunque la Ley General de la Seguridad Social y el SEPE gestionan después esa cobertura. En la práctica, este precepto se invoca sobre todo frente a despidos o restricciones administrativas a la actividad profesional.

2. ¿La Constitución Española garantiza también el derecho a una vivienda digna?

Sí, aunque como principio rector y no como derecho fundamental exigible ante un juez. El artículo 47 encomienda a los poderes públicos promover las condiciones necesarias para el acceso a una vivienda digna, pero no genera directamente una prestación ni obliga a entregar una casa. Las políticas de vivienda, los avales del ICO y los planes autonómicos desarrollan ese objetivo constitucional sin convertirlo en un derecho subjetivo de inmediata aplicación.

3. ¿Qué establece exactamente el artículo 35 de la Constitución Española?

El artículo 35 CE reconoce el derecho a trabajar y al libre ejercicio de la profesión u oficio, y el deber de los ciudadanos de trabajar y contribuir al bien común. Añade que la ley regulará un estatuto de los trabajadores y que los poderes públicos deben cuidar la formación, la readaptación profesional y velar por la seguridad e higiene. Este último inciso es la base constitucional de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales en España.

4. ¿Cuáles son los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Española?

La Constitución Española recoge en su sección 1ª del capítulo II (arts. 15 a 29) los derechos fundamentales y las libertades públicas: derecho a la vida, integridad física y moral, libertad ideológica, religiosa y de culto, derecho a la libertad y seguridad, honor, intimidad, propia imagen, inviolabilidad del domicilio y de las comunicaciones, libertad de residencia y circulación, y derecho de asociación, reunión y participación. A diferencia de los principios rectores del capítulo III, estos derechos gozan de tutela reforzada mediante recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y recurso preferente ante la jurisdicción ordinaria.

Fuentes

  1. LamoncloaTítulo I. De los derechos y deberes fundamentales – La Moncloaconsultado el 13/10/2026
  2. Dt¿Qué son los derechos fundamentales de los trabajadores(as)? – DTconsultado el 13/10/2026
  3. CongresoConstitución Política del Perú – Congresoconsultado el 13/10/2026
  4. VlexDerecho al trabajo – vLex Españaconsultado el 13/10/2026
  5. ConstitucionpoliticaArtículo 5. Libertad de Profesión – Constitución Política de Méxicoconsultado el 13/10/2026