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Derecho penal peruano: cómo funciona y qué lo diferencia del resto de países hispanohablantes

octubre 28, 2026 Derecho Facil 18 min read
Derecho penal peruano: cómo funciona y qué lo diferencia del resto de países hispanohablantes

Qué es el derecho penal y por qué cambia de un país a otro

El derecho penal es la rama del ordenamiento que define qué conductas son delitos, qué penas y medidas de seguridad se imponen, y quién debe investigarlas y juzgarlas. Trabaja mano a mano con la Constitución de cada país, con el código penal correspondiente y con las normas procesales que regulan el juicio.

Que sea una materia tan antigua y compartida no significa que sea uniforme. Cada Estado aprueba su propio código, crea su propia fiscalía y organiza sus tribunales como quiere. Por eso la misma conducta —un robo, un fraude, un homicidio— puede tener un nombre distinto, una pena distinta y un trámite distinto según se mire desde Lima, Madrid, Ciudad de México, Buenos Aires o Santiago. Lo único que se mantiene en común es el principio de fondo: solo son delitos los actos que la ley penal de cada país ha tipificado como tales, y solo se castiga a quien actúa con dolo o, en los casos previstos, con culpa.

Otra pieza común es la separación entre derecho penal sustantivo (el catálogo de delitos y penas) y derecho procesal penal (cómo se investiga, se acusa y se juzga). Esa frontera se mantiene en los cinco países, aunque la forma de llevarla a la práctica cambie por completo de uno a otro. La parte sustantiva se concentra en el código penal, mientras que la procesal vive en códigos procesales propios, muchos de los cuales han sido reformados en los últimos veinte años para pasar de sistemas escritos a sistemas orales y acusatorios.

El derecho penal vive en dos niveles: el código que dice qué es delito y qué pena le toca, y el código procesal que organiza el juicio. Ambos cambian de país a país.

Tabla comparativa: derecho penal en España, México, Argentina, Chile y Perú

País Código penal vigente Ley procesal penal Organismo acusador Rasgo estructural
España Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal Ley de Enjuiciamiento Criminal (histórica, con reformas parciales) Fiscalía General del Estado Sistema mixto, con jurado para ciertos delitos y prisión permanente revisable
México Código Penal Federal (DOF 14/08/1931) y códigos locales Código Nacional de Procedimientos Penales (DOF 05/03/2014) Fiscalía General de la República y fiscalías estatales Sistema acusatorio oral desde 2014, prisión preventiva oficiosa en delitos graves
Argentina Código Penal de la Nación, Ley 11.179 Ley 23.984, Código Procesal Penal de la Nación Ministerio Público Fiscal Justicia federal y ordinaria, suspensión del juicio a prueba y figura del arrepentido
Chile Código Penal, Ley 2.561 (1874) Ley 19.696, Código Procesal Penal Fiscalía Nacional Sistema acusatorio oral desde 2000, Ley 20.084 de responsabilidad penal adolescente
Perú Código Penal (Decreto Legislativo 635, 1991) Código Procesal Penal de 2004, aplicación progresiva Fiscalía de la Nación Conformidad procesal, prisión preventiva regulada y acuerdos plenarios de la Corte Suprema

España: el Código Penal y la justicia penal ordinaria

En España el derecho penal sustantivo se concentra en la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, una ley orgánica que exige mayoría absoluta del Parlamento para reformarse. La organización de jueces y tribunales se apoya en la Ley Orgánica del Poder Judicial, mientras que la dirección de la investigación penal corresponde a la Fiscalía General del Estado, cuyo Estatuto le da autonomía frente al Gobierno. El proceso se rige, en lo esencial, por la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882, una norma histórica que se ha ido reformando por capas: se mantienen los principios generales, pero la instrucción se ha modernizado y se han incorporado los juicios rápidos, la conformidad premiada y, en parte, la oralidad.

El sistema español se entiende mejor si se mira desde la Constitución de 1978, que consagra principios como la legalidad penal (nullum crimen sine lege), la irretroactividad de las normas sancionadoras desfavorables y la presunción de inocencia. Esos principios se proyectan sobre el Código Penal y obligan a interpretar las figuras delictivas de forma estricta. La Fiscalía dirige la investigación bajo el control del juez instructor, y el juicio oral se celebra ante un órgano unipersonal o colegiado, con Jurado para delitos muy concretos (homicidio, amenazas, incendios, entre otros).

Delitos, penas y responsabilidad penal en España

  • Crímenes contra la vida y la integridad: homicidio, asesinato, lesiones, incluyendo las formas agravadas por género, como la violencia de género del artículo 153.
  • Delitos patrimoniales: hurto, robo, robo con violencia e intimidación, extorsión, estafa, alzamiento de bienes, insolvencia punible.
  • Delitos contra la libertad: amenazas, coacciones, secuestros, trata de seres humanos.
  • Delitos contra la Administración Pública: prevaricación, cohecho, malversación, negociaciones prohibidas a funcionarios, fraudes a la Administración.
  • Delitos contra el orden público: organización criminal, terrorismo, tenencia de explosivos.
  • Penas aplicables: privativas de libertad (prisión, localización permanente, responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa), privativas de derechos (inhabilitación, suspensión de empleo o cargo) y multa, con la prisión permanente revisable reservada a delitos de excepcional gravedad.

Organismo competente y dónde acudir en España

  1. Denuncia o querella ante la Policía Nacional, Guardia Civil, policía autonómica o directamente en el juzgado de guardia.
  2. El juzgado de instrucción practica las primeras diligencias y, si ve indicios, abre procedimiento abreviado o sumario.
  3. La Fiscalía General del Estado, a través de las fiscalías provinciales, formula la acusación y sostiene la pretensión punitiva.
  4. El juicio oral se celebra ante el Juzgado de lo Penal (penas leves y menos graves) o ante la Audiencia Provincial (penas graves y Jurado, en su caso).

Rasgos que diferencian a España del resto

  • La figura del Tribunal del Jurado, regulada por la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, para delitos como el homicidio del presidente del Gobierno o de su sucesor, jurado para delitos contra la vida cuando la ley lo prevé, y otros supuestos tasados.
  • La responsabilidad penal de los menores de 14 a 17 años, regulada por la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor, con un sistema educativo y sancionador distinto al de adultos.
  • La prisión permanente revisable, introducida en 2015, que permite revisar la condena a partir de un tiempo mínimo de cumplimiento si se cumplen determinados requisitos legales.

México: el Código Penal Federal y el sistema acusatorio

En México conviven un derecho penal federal, cuyo texto principal es el Código Penal Federal publicado en el DOF el 14 de agosto de 1931, y los derechos penales de las 32 entidades federativas, cada uno con su propio código y su propia clasificación de delitos. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos marca los principios básicos, incluido el de exacta aplicación de la ley en materia penal y la proscripción de la analogía en perjuicio de la persona imputada.

La gran reforma procesal llegó en 2014 con el Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el DOF el 5 de marzo de 2014, que instauró un sistema acusatorio y oral en todo el país. Ese código desplaza al anterior modelo mixto e introduce figuras nuevas: el juez de control, el juicio oral público, los procedimientos abreviados, los juicios orales y los mecanismos alternativos de solución de controversias. La investigación ya no la dirige un juez, sino la Fiscalía, y el proceso se concentra en audiencias orales sucesivas ante un juez distinto del que intervino en la etapa de investigación.

Federalismo penal y delitos en México

  • En la vía federal se persiguen delitos previstos en leyes federales: contra la salud, armas de fuego, fiscales, financieros, de patrimonio nacional, telecomunicaciones, caminos, transporte y competencia económica, entre otros.
  • En la vía común (estatal) se persiguen los delitos del código penal de cada entidad: homicidio, lesiones, robo, fraude, abuso de confianza, violencia familiar, delitos sexuales y demás figuras previstas en el código local.
  • La distribución entre fuero federal y fuero común depende del lugar de comisión, el bien jurídico afectado y la calidad del sujeto activo. Un mismo hecho (por ejemplo, un fraude con cheques) puede ser estatal o federal según los elementos concurrentes, lo que obliga a revisar la legislación aplicable caso por caso.

Organismo competente y dónde acudir en México

  1. Denuncia ante el Ministerio Público, ya sea de la Fiscalía General de la República o de la fiscalía de la entidad federativa correspondiente.
  2. El MP dirige la investigación y, en su caso, ejercita la acción penal ante un juez de control.
  3. El juez de control resuelve sobre las medidas cautelares, la vinculación a proceso, los acuerdos reparatorios y la apertura del juicio oral.
  4. El Tribunal de Enjuiciamiento celebra la audiencia de juicio, valora las pruebas y dicta el fallo. La sentencia puede recurrirse ante un tribunal colegiado o ante la sala penal del tribunal superior local.

Rasgos que diferencian a México del resto

  • El sistema acusatorio oral, implantado en todo el país a partir de 2014, con etapas separadas de investigación, control, juzgamiento y ejecución.
  • El juez de control, que interviene desde la formulación de imputación hasta la apertura del juicio, garantizando los derechos de la persona imputada.
  • La prisión preventiva oficiosa, que se aplica de forma automática para ciertos delitos graves y que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha cuestionado en casos como el de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz contra México.

Argentina: el Código Penal de la Nación y el sistema federal

El derecho penal sustantivo en Argentina se concentra en el Código Penal de la Nación, Ley 11.179, con un Texto Ordenado de 1984 y reformas posteriores. La Constitución Nacional de 1853, con sus reformas de 1994, fija los principios de legalidad, irretroactividad de la ley penal más benigna, igualdad ante la ley y debido proceso. El proceso penal federal se rige por la Ley 23.984, Código Procesal Penal de la Nación, aunque las provincias tienen sus propios códigos procesales, lo que da lugar a procedimientos muy distintos según la jurisdicción.

La organización es federal: conviven tribunales nacionales (Cámaras Federales, Cámara Nacional de Casación Penal, Corte Suprema de Justicia de la Nación) con tribunales provinciales. El Ministerio Público Fiscal, creado por la Ley 24.946, es el órgano que impulsa la acción penal, mientras la Procuración General de la Nación coordina la política criminal federal. Cada provincia tiene su propio Ministerio Público y sus propios tribunales, lo que explica que el mismo delito pueda seguir caminos procesales distintos en CABA, en la provincia de Buenos Aires o en Córdoba.

Delitos, penas y responsabilidad penal en Argentina

  • Delitos contra las personas: homicidio simple, homicidio agravado, lesiones, aborto, abandono de personas.
  • Delitos contra el patrimonio: hurto, robo, estafa, defraudación, daño, usurpación, extorsión.
  • Delitos contra la integridad sexual: abuso sexual, violación, explotación sexual, corrupción de menores.
  • Delitos contra la Administración Pública: cohecho, concusión, malversación, enriquecimiento ilícito de funcionarios, negociaciones incompatibles.
  • Penas aplicables: reclusión y prisión (privativas de libertad), inhabilitación, multa y, en su caso, arresto para faltas; el régimen progresivo de cumplimiento se basa en el Libro Primero del código y en la ley de ejecución penal.

Organismo competente y dónde acudir en Argentina

  1. Denuncia o querella ante la comisaría, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval o directamente en la fiscalía federal o provincial competente.
  2. El fiscal federal o provincial dirige la investigación y, en su caso, requiere la elevación a juicio ante el juez federal o el juez de garantías.
  3. El juicio oral se celebra ante el Tribunal Oral Federal o el tribunal oral provincial, con plena vigencia del principio de inmediación.
  4. La revisión de la sentencia corresponde a la Cámara Nacional de Casación Penal, a la cámara federal de apelaciones correspondiente o a los tribunales superiores provinciales, y en última instancia a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Rasgos que diferencian a Argentina del resto

  • La suspensión del juicio a prueba (probation), prevista en los artículos 76 bis a 76 quater del Código Penal, que permite suspender el proceso cuando la pena esperada no supera los tres años y el acusado cumple reglas de conducta y reparación del daño.
  • La figura del arrepentido, regulada por la Ley del Arrepentido para casos de criminalidad organizada y corrupción, que prevé reducción de pena a cambio de información útil para la investigación.
  • La organización federal, con normas procesales diferentes en cada provincia, lo que convierte a Argentina en el país con mayor diversidad procesal de los cinco comparados.

Chile: el Código Penal y la reforma procesal penal

En Chile, el derecho penal sustantivo sigue regulado por un código histórico: el Código Penal, Ley 2.561, promulgado el 12 de noviembre de 1874. Esa norma, con su artículo 1 que define el delito como toda acción u omisión voluntaria penada por la ley, y con la división tripartita de crímenes, simples delitos y faltas de los artículos 3 y 4, sigue siendo el eje del sistema penal. La responsabilidad penal juvenil, en cambio, se rige por la Ley 20.084 de 2005, que fija un régimen especial para los mayores de 14 y menores de 18 años.

La transformación profunda llegó con la reforma procesal penal, que se apoya en la Ley 19.696, Código Procesal Penal, vigente desde el año 2000 y plenamente implantada en todo el país a partir de 2005. Ese código instauró un sistema acusatorio oral con separación entre la investigación (dirigida por la Fiscalía Nacional, creada por la Ley 19.519) y el juzgamiento (a cargo de los Juzgados de Garantía y los Tribunales de Juicio Oral en lo Penal). La Ley 21.595, Ley de Delitos Económicos, en tanto, modernizó el tratamiento penal de la corrupción, el lavado de activos y la criminalidad empresarial.

Delitos, penas y responsabilidad penal en Chile

  • Crímenes, simples delitos y faltas: la escala del artículo 21 del Código Penal fija los rangos de pena que permiten distinguir las tres categorías (crimen, simple delito y falta).
  • Delitos contra las personas: homicidio, parricidio, infanticidio, lesiones, calumnia e injuria.
  • Delitos contra la propiedad: hurto, robo con fuerza, robo con violencia, estafa, defraudación, usurpación.
  • Delitos contra la función pública: cohecho, soborno, concusión, malversación, prevaricación.
  • Penas aplicables: presidio, reclusión, prisión, confinamiento, extrañamiento, relegación, destierro, inhabilitación, multa y, para los menores de 18 años, las medidas de la Ley 20.084.

Organismo competente y dónde acudir en Chile

  1. Denuncia ante Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones o directamente en la Fiscalía local.
  2. La Fiscalía dirige la investigación, decide la formalización y solicita al Juzgado de Garantía las medidas cautelares y la apertura del juicio.
  3. El juicio oral se sustancia ante un Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, integrado por tres jueces, que dicta sentencia absolutoria o condenatoria.
  4. La sentencia es revisable mediante recurso de nulidad ante la Corte de Apelaciones y, en casos determinados, ante la Corte Suprema.

Rasgos que diferencian a Chile del resto

  • El sistema procesal acusatorio oral, vigente desde 2000, con audiencias públicas, inmediación, contradicción y separación entre quien investiga y quien juzga.
  • La Ley 20.084 sobre responsabilidad penal adolescente, que establece un catálogo propio de sanciones para los mayores de 14 y menores de 18 años, con fuerte contenido socioeducativo.
  • Las medidas de seguridad para inimputables, reguladas en el Código Penal, y las nuevas figuras de la Ley 21.595, Ley de Delitos Económicos, que amplían el catálogo de delitos y agravan penas por corrupción y lavado.

Perú: el Código Penal peruano y la jurisprudencia del TC

El derecho penal sustantivo en Perú se concentra en el Código Penal, aprobado por el Decreto Legislativo 635 de 1991, con reformas constantes. El Código Procesal Penal de 2004, aplicado de forma progresiva desde 2006, introdujo el sistema acusatorio oral y la separación entre fiscal y juez, dejando atrás el modelo mixto anterior. La organización institucional se apoya en la Fiscalía de la Nación como ente autónomo, en el Poder Judicial con sus salas penales, y en el Tribunal Constitucional como intérprete final de la Constitución de 1993.

La jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano es especialmente relevante en materia penal: ha sentado doctrina sobre el principio de legalidad, el derecho de defensa, la presunción de inocencia, la duración razonable del proceso, la motivación de las resoluciones y el control de constitucionalidad de las leyes penales. Los acuerdos plenarios de la Corte Suprema también tienen un peso decisivo, ya que en el Perú funcionan como una suerte de precedentes vinculantes para los jueces de menor jerarquía. La Ley 30737, que asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado en casos de corrupción y delitos conexos, muestra cómo el legislador ha conectado el derecho penal con la recuperación de activos.

Delitos, penas y responsabilidad penal en Perú

  • Delitos contra la vida, el cuerpo y la salud: homicidio simple, homicidio calificado, lesiones, aborto, exposición a peligro.
  • Delitos contra el patrimonio: hurto, robo, apropiación ilícita, estafa, defraudación, daños, usurpación, robo agravado.
  • Delitos contra la Administración Pública: peculado, colusión, cohecho, negociación incompatible, enriquecimiento ilícito.
  • Delitos económicos y financieros: lavado de activos, minería ilegal, defraudación tributaria, trata de personas, criminalidad organizada.
  • Penas aplicables: pena privativa de libertad (con un mínimo legal y un máximo variable según el delito), pena restrictiva de libertad, pena limitativa de derechos y multa; la cadena perpetua está prevista para delitos de terrorismo, traición a la patria y, en algunos casos, violación de menores.

Organismo competente y dónde acudir en Perú

  1. Denuncia o noticia criminal ante la Policía Nacional del Perú, la Fiscalía Provincial Penal o el Juzgado Penal de turno.
  2. El fiscal provincial dirige la investigación preparatoria y, en su caso, formula acusación ante el Juzgado Penal Unipersonal o Colegiado.
  3. El juicio oral se celebra bajo el sistema acusatorio, con plena vigencia de los principios de oralidad, inmediación, contradicción y publicidad.
  4. La sentencia es revisable en apelación ante la Sala Penal Superior y, según el caso, ante la Sala Penal Permanente o Transitoria de la Corte Suprema de Justicia.

Rasgos que diferencian a Perú del resto

  • La conformidad procesal, figura del Código Procesal Penal de 2004 que permite al acusado aceptar la pena propuesta por el fiscal a cambio de una reducción del beneficio, y que se aplica con frecuencia en la práctica.
  • La prisión preventiva regulada por el Código Procesal Penal de 2004, con requisitos estrictos de proporcionalidad, peligro procesal y plazo, y un control jurisdiccional reforzado por el Tribunal Constitucional.
  • Los acuerdos plenarios de la Corte Suprema, que pese a no tener formalmente rango de precedente vinculante, funcionan como guía obligatoria para los jueces de menor grado, dando coherencia a la jurisprudencia penal peruana.

Preguntas frecuentes sobre el derecho penal peruano

1. ¿Cómo funciona el derecho penal en México?

El derecho penal mexicano se rige por el Código Penal Federal y por los códigos penales de cada entidad federativa. Los delitos pueden ser federales (delitos contra la salud, por ejemplo) o locales, y los procedimientos se tramitan ante juzgados federales o estatales según corresponda. Consulta el Código Penal Federal de México en el sitio de la Cámara de Diputados.

2. ¿Qué es la infracción penal en el fútbol?

En fútbol, una infracción penal o “penal” es una falta sancionada dentro del área contraria, castigada con un tiro directo desde los once metros. La figura jurídica equivalente en México o Perú es una sanción disciplinaria deportiva, regulada por los reglamentos de la Federación Mexicana de Fútbol o de la Federación Peruana de Fútbol, no por el Código Penal.

3. ¿Qué es el derecho penal?

El derecho penal es la rama del derecho público que define los delitos, las sanciones penales y el proceso para imponerlas. En Perú lo regula el Código Penal peruano; en España, el Código Penal español; y en Argentina, el Código Penal argentino. Su fin último es proteger bienes jurídicos como la vida, el patrimonio y la libertad.

4. ¿Cuáles son las ramas del derecho penal?

Las ramas principales son el derecho penal sustantivo (define delitos y penas), el derecho penal adjetivo o procesal (regula el proceso judicial) y el derecho penal ejecutivo o penitenciario (organiza la ejecución de las penas). En Perú existen, además, figuras como el derecho penal militar y el derecho penal económico, regulados por leyes especiales.

5. ¿Qué es el derecho penal adjetivo?

El derecho penal adjetivo o procesal regula cómo se investigan, juzgan y sancionan los delitos. En Perú se rige por el Nuevo Código Procesal Penal; en Chile, por el Código Procesal Penal chileno; y en Colombia, por el Código de Procedimiento Penal colombiano. Establece plazos, garantías del acusado y funciones de la Fiscalía.

6. ¿Cuáles son los elementos del derecho penal?

Los elementos clásicos son la conducta humana, la tipicidad, la antijuridicidad, la culpabilidad y la punibilidad. El Código Penal peruano los recoge en su parte general, al igual que el Código Penal argentino y el Código Penal español. Si falta alguno de estos elementos, generalmente no hay delito que sancionar.

7. ¿¿uáles son las caracteru00edsticas del derecho penal??

Sus rasgos esenciales son la legalidad (solo es delito lo que la ley dice), la proporcionalidad de las penas, la irretroactividad y la personalidad de la pena. En Perú, la Constitución Política consagra estos principios en su artículo 2, y los desarrolla luego el Código Penal peruano. Es, además, una rama de derecho público, porque enfrenta al Estado con el ciudadano.

Fuentes

  1. UnifrAnuario de Derecho penal – Números – Université de Fribourg – Unifrconsultado el 03/10/2026
  2. InfolegCODIGO PENAL DE LA NACION ARGENTINA – Jus.gob.ar – Infolegconsultado el 03/10/2026
  3. HegelDerecho procesal penal en Perú: introducción al códigoconsultado el 03/10/2026
  4. UsmpConoce el sistema del derecho penal peruano y sus diferencialesconsultado el 03/10/2026
  5. LexumCódigo Penal | Defensoria Penal Publica del Chile – Qweri – Lexumconsultado el 03/10/2026