Chile, el caso central: origen constitucional y principios propios
El derecho administrativo chileno se apoya, ante todo, en la Constitución Política de 1980. Su artículo 1° declara que el Estado está al servicio de la persona humana y que su finalidad es promover el bien común, y el artículo 19 N° 26 fija el marco de derechos y deberes en el que se mueve la Administración del Estado. Esta base constitucional no es un adorno: condiciona la forma en que se dictan los reglamentos, se otorgan concesiones y se sancionan conductas, porque toda potestad pública debe perseguir esas finalidades y no otras. El profesor Alejandro Vergara Blanco, catedrático de Derecho Administrativo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, lo explica con detalle en su capítulo Panorama general del Derecho Administrativo Chileno, incluido en la obra colectiva El Derecho Administrativo Iberoamericano, dirigida por el profesor Santiago González-Varas Ibáñez desde la Universidad de Alicante. Esa obra, disponible en la biblioteca de vLex, reúne los estudios país por país de toda la región y es la referencia que se cita cuando se compara Chile con sus vecinos.
Sobre esa base constitucional, la Administración chilena queda obligada a finalidades muy concretas: resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia, promediar la integración armónica de todos los sectores de la Nación. La consecuencia práctica es que la discrecionalidad no equivale a arbitrariedad: cada acto debe poder justificarse a la luz de esos fines. La construcción doctrinal chilena entiende el Derecho Administrativo como el conjunto de normas y principios que regulan esa actividad estatal al servicio de la persona, y esa idea es la que lo distingue de ordenamientos donde el acento se pone en la separación rígida entre derecho público y privado.
En Chile, el derecho administrativo arranca en la Constitución y se justifica en la servicialidad del Estado: la Administración no es un fin en sí misma, sino un instrumento al servicio de la persona y del bien común.
Chile: las fuentes del Derecho Administrativo
Las fuentes del derecho administrativo chileno se ordenan así, de mayor a menor jerarquía:
- La Constitución Política de 1980, en especial sus artículos 1° y 19 N° 26, que marcan los fines y los límites de la actuación administrativa.
- Las leyes formales dictadas por el Congreso Nacional, entre ellas la Ley N° 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos, verdadero código troncal del procedimiento administrativo chileno, y leyes sectoriales como la Ley N° 18.302 sobre Seguridad Nuclear o la Ley N° 21.091 sobre Educación Superior.
- Los decretos con fuerza de ley, que el Presidente dicta previa delegación del Congreso y que se equiparan a la ley formal en materia regulada.
- Los reglamentos y decretos supremos del Presidente de la República, que desarrollan las leyes y organizan los servicios públicos.
- La jurisprudencia de la Corte Suprema de Chile, especialmente la de sus salas especializadas, que fija criterios de interpretación sobre la potestad sancionadora, los contratos públicos y la responsabilidad del Estado.
- La doctrina, con aportes de autores como Alejandro Vergara Blanco, quien sistematiza el sistema chileno y lo pone en diálogo con el resto de Iberoamérica en la obra colectiva ya citada.
En Chile, además, conviven dos unidades de cuenta muy usadas en sanciones y tributos: la UF (Unidad de Fomento), que se reajusta con la inflación, y la UTM (Unidad Tributaria Mensual), con valor de 71.649 CLP en julio de 2026, según el Servicio de Impuestos Internos. Quien lea una multa en UF o UTM debe entender que la cifra se mueve cada mes.
España: cómo se organiza el Derecho Administrativo español
En España, el derecho administrativo se construye sobre la Constitución de 1978 y, sobre todo, sobre dos leyes estatales que ordenan el día a día de la Administración: la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público. La primera fija derechos del administrado, plazos y fases del procedimiento; la segunda regula la organización, los convenios y la responsabilidad patrimonial. A su lado, la jurisdicción Contencioso-Administrativa, regulada en la Ley 29/1998, actúa como control externo de la Administración y cierra el sistema: si un ciudadano entiende que un acto administrativo vulnera sus derechos, puede acudir a los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo en plazos tasados.
La estructura española se completa con la potestad reglamentaria del Gobierno (decretos, órdenes ministeriales), la jurisprudencia del Tribunal Supremo como unificador de doctrina, y una doctrina académica muy densa, con autores que comparan permanentemente con Chile, Argentina y México. Frente al modelo chileno, la diferencia no está tanto en los principios como en la técnica: España cuenta con leyes generales del procedimiento, mientras que Chile las ha ido construyendo por sectores, con la Ley N° 19.880 como columna vertebral y con reglamentos complementarios.
Quien llega a España desde Chile debe entender que el «recurso contencioso-administrativo» español es la vía para discutir cualquier actuación de la Administración, con plazos breves que empiezan a contar desde la notificación del acto.
España: principios y controles propios
El procedimiento administrativo español se rige por una serie de principios que se aplican en cascada en cada expediente. Estos son los principales:
- Legalidad: la Administración solo puede actuar cuando una norma la habilita, y nunca contra lo que esa norma dispone.
- Jerarquía normativa: los reglamentos no pueden contradecir a la ley, y las órdenes internas no pueden contradecir al reglamento.
- Publicidad: las actuaciones administrativas deben quedar registradas y ser accesibles al interesado, con las excepciones tasadas de la Ley 19/2013 de transparencia.
- Contradicción e indefensión: nadie puede ser afectado por un acto sin haber podido alegar y proponer prueba; el artículo 24 de la Constitución opera como umbral mínimo.
- Proporcionalidad y razonabilidad: la medida adoptada debe ser la menos lesiva para alcanzar el fin legítimo que persigue.
A la cabeza del control está la jurisdicción Contencioso-Administrativa, con los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo en primera instancia y las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia y de la Audiencia Nacional como grados sucesivos. En España, el plazo general para interponer un recurso contencioso-administrativo contra un acto expreso es de dos meses contados desde su notificación, según la Ley 29/1998 reguladora de esa jurisdicción. Para actos presunta o supuestamente productores de vía de hecho o por silencio, los plazos cambian, por lo que conviene revisar la ley aplicable caso por caso.
México: cómo se organiza el Derecho Administrativo mexicano
En México, el derecho administrativo federal arranca en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se desarrolla en leyes federales como la Ley Federal del Procedimiento Administrativo (LFPA), la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) y la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo (LFPCA). A ellas se suman leyes sectoriales, reglamentos interiores de cada dependencia y los decretos del Ejecutivo federal. La LFPA fija reglas comunes para todos los procedimientos seguidos ante la Administración Pública Federal, y la LFPCA disciplina el proceso ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que es el órgano especializado en dirimir controversias entre los administrados y la Administración federal. En materia de responsabilidades de servidores públicos, la Ley General de Responsabilidades Administrativas ordena el régimen sancionador y los órganos internos de control.
La estructura mexicana tiene un rasgo propio muy marcado: conviven leyes federales con legislaciones locales, de modo que cada entidad federativa puede tener su propia ley de procedimiento y su propio Tribunal de Justicia Administrativa. Para una multa del SAT, por ejemplo, el demandante acude al TFJA; para una multa de un ayuntamiento, la vía es el tribunal estatal. En ese reparto se nota la diferencia con Chile, donde la ley procesal común (la N° 19.880) tiende a aplicarse de manera más uniforme en todo el territorio nacional, y con España, donde la jurisdicción contencioso-administrativa es una sola pieza estatal con competencias repartidas por territorio.
México: principios y vías de control
Los principios que rigen la actuación administrativa en México coinciden en el fondo con los de Chile y España, pero su sede legal y sus mecanismos de control son propios:
- Legalidad: la Administración federal solo puede hacer lo que la ley le permite, conforme al artículo 16 de la Constitución y a la Ley Federal del Procedimiento Administrativo.
- Defensividad y audiencia previa: el afectado debe ser oído antes de que se dicte resolución que ponga fin al procedimiento, salvo excepciones tasadas.
- Motivación y fundamentación: todo acto debe expresar el fundamento legal y las razones de hecho, exigencia del artículo 16 constitucional.
- Tipicidad sancionadora: las sanciones administrativas deben estar previstas en ley, siguiendo el principio de nullum crimen sine lege en su versión administrativa.
- Imparcialidad y debido proceso: recogidos en la Constitución y desarrollados por la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Para impugnar un acto de la Administración federal en México, el camino habitual es el recurso de revisión en vía administrativa y, en paralelo o en subsidio, el juicio contencioso-administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en aplicación de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Cuando el acto proviene de una autoridad estatal o municipal, la demanda debe presentarse ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la entidad federativa correspondiente; cada tribunal tiene su propia legislación procesal, por lo que el plazo y los requisitos cambian de un estado a otro. En cualquier caso, las sanciones y los montos se calculan a menudo en UMA, y el valor de 2026 es 117,31 MXN diarios, según el INEGI.
| País | Ley procesal troncal | Órgano contencioso | Plazo típico de impugnación |
|---|---|---|---|
| Chile | Ley N° 19.880 | Corte Suprema y Cortes de Apelaciones | Varía según el acto y la vía, sin regla única |
| España | Ley 39/2015 | Juzgados de lo Contencioso-Administrativo | Dos meses para actos expresos (Ley 29/1998) |
| México | LFPA y LFPCA | TFJA (federal) y tribunales estatales | Cambia por ley federal o local; revisar la legislación aplicable |
| Argentina | LNPA (19.549) | Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal | Plazos según tipo de acto, definidos por la LNPA |
| Perú | Ley N° 27444 | Poder Judicial y Tribunal Fiscal | Silencio administrativo positivo o negativo, según el caso (Ley N° 29060) |
Argentina: cómo se organiza el Derecho Administrativo argentino
En Argentina, el derecho administrativo federal se apoya en la Constitución Nacional y, sobre todo, en la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos (LNPA), Ley 19.549, que funciona como código procesal administrativo de fondo y forma para la Administración nacional. A su lado, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dicta su propia ley de procedimientos administrativos, aplicable dentro de su territorio, y convive con las legislaciones provinciales de cada jurisdicción. El control de la actividad administrativa se reparte entre la Procuración del Tesoro de la Nación, que dictamina en los conflictos del Estado federal, y la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, que resuelve las demandas de los administrados contra el Estado nacional. En CABA, además, funciona el Fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, con juzgados propios que aplican la ley local.
La estructura argentina presenta dos diferencias claras frente a Chile. La primera es la existencia de una doctrina de la Procuración del Tesoro muy influyente, con dictámenes que terminan siendo citados como fuente casi obligatoria por los tribunales. La segunda es la convivencia entre un derecho federal muy desarrollado y derechos provinciales a veces muy distintos, lo que obliga a revisar caso por caso si el acto impugnado es nacional, provincial o de CABA. Para magnitudes económicas, Argentina usa el peso argentino (ARS), y el salario mínimo vital y móvil de 2026 es de 391.200 ARS mensuales, según la Resolución 9/2025 del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el SMVM, cifra que después se actualiza a mitad de año.
En Argentina, como en Chile, la doctrina tiene un peso enorme en la práctica: los dictámenes de la Procuración del Tesoro y los manuales de los catedráticos suelen anticipar cómo resolverá un tribunal un caso administrativo difícil.
Ejemplo comparado: una multa de tránsito en cifras
Imagina a Marta, que vive en Santiago de Chile, y a su prima Lucía, en la Ciudad de México, y ambas reciben una multa de tránsito equivalente. En Chile, la multa se paga en UTM o en pesos chilenos (CLP) según la infracción, y puede recurrirse ante los Juzgados de Policía Local, con un plazo breve de días hábiles desde la notificación; si no, la infracción queda firme. En México, en cambio, la multa se calcula en UMA (117,31 MXN diarios en 2026 según el INEGI) o en veces el salario mínimo general (315,04 MXN diarios en 2026, según la CONASAMI), y la defensa sigue el procedimiento de la ley local ante el Tribunal de Justicia Administrativa correspondiente, con plazos que cambian entre estados. Mismo hecho, dos Administraciones, dos monedas distintas y dos vías procesales diferentes: la prueba de que un derecho administrativo «neutro» no existe.
Lo que comparte el derecho administrativo en estos cinco países
Más allá de las diferencias, hay principios que se repiten en Chile, España, México, Argentina y Perú, aunque la letra de la ley cambie:
- La presunción de legalidad de los actos administrativos, que los hace ejecutivos mientras no se anulen.
- La motivación y fundamentación del acto, exigencia que en Chile se desprende de la Constitución de 1980, en España de la Ley 39/2015, en México del artículo 16 constitucional, en Argentina de la LNPA y en Perú de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- El silencio administrativo como mecanismo de seguridad jurídica, con reglas diferentes en cada país, incluyendo la Ley del Silencio Administrativo N° 29060 de Perú.
- La responsabilidad patrimonial del Estado por daños derivados de su actuación lícita o ilícita, con un cuerpo doctrinal comparado muy desarrollado en la obra iberoamericana de vLex.
- El acceso a una jurisdicción contencioso-administrativa o equivalente como vía de control, ya sea la LNPA argentina, la Ley 29/1998 española o los tribunales administrativos mexicanos.
Preguntas frecuentes sobre el derecho administrativo chileno y comparado
1. ¿Dónde puedo conseguir un PDF de derecho administrativo mexicano?
El «PDF» no es la fuente: lo oficial en México es el sitio de la Cámara de Diputados, donde está la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Ahí puedes consultar el texto vigente y, si lo necesitas, exportarlo tú mismo a PDF desde el propio navegador.
2. ¿Qué es el derecho administrativo en México?
Es la rama del derecho público que regula la organización de la Administración Pública Federal (Presidencia, secretarías de Estado y entidades paraestatales) y cómo ejerce sus funciones, emite actos y resuelve los recursos de los particulares. En México supletoriamente se aplica la Ley Federal de Procedimiento Administrativo cuando no hay ley especial.
3. ¿Cuáles son los antecedentes del derecho administrativo en México?
Llega con la Constitución de 1857 y el modelo francés de la Ley orgánica de la Administración pública, y se consolida con la Constitución de 1917, que dividió poderes y creó la justicia de amparo como control de los actos de la autoridad. La Ley de Procedimientos Administrativos de 1995 y su sucesora federal ordenaron el régimen actual.
4. ¿Quién se considera el padre del derecho administrativo en México?
No hay una figura única, pero se suele citar a Andrés Serra Rojas, autor del tratado «Derecho administrativo» que se reeditó durante décadas y que sigue siendo manual de referencia en facultades mexicanas. También se menciona a Gabino Fraga Magaña por su «Derecho administrativo» orientado a la práctica.
5. ¿Cómo es la línea del tiempo del derecho administrativo en México?
Cuatro hitos bastan: 1917, la Constitución vigente consagra las bases de la administración pública; 1995, la Ley de Procedimientos Administrativos del Distrito Federal (hoy Ciudad de México) introduce el silencio administrativo; 1996, la homónima federal y, 2018, la Ley General de Mejora Regulatoria intenta simplificar trámites.
6. ¿Dónde encuentro materiales sobre la historia del derecho administrativo?
Para Chile, que es el foco de tu artículo, la Contraloría General de la República tiene en su sitio la Ley de Bases del Procedimiento Administrativo y notas históricas sobre su formación. En México, la SCJN y el INAP publican ensayos sobre la evolución desde 1917, y la propia Facultad de Derecho de la UNAM ofrece PDFs académicos abiertos.
7. ¿Cuáles son las fuentes del derecho administrativo?
Las fuentes formales suelen enumerarse así: la Constitución y la ley (fuente principal), la costumbre y la jurisprudencia (fuentes secundarias) y los principios generales del derecho y la doctrina (fuentes auxiliares). El orden cambia según el país: en Chile pesa la jurisprudencia administrativa de la Contraloría; en México, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y los precedentes de la SCJN.
8. ¿Cuáles son las ramas del derecho administrativo?
Se suele dividir en función pública, régimen patrimonial, servicios públicos, regulación económica, urbanismo, ambiente y control de la administración (fiscalización, sanciones y recurso contencioso-administrativo). Esa división es transversal a Iberoamérica; lo que cambia es el nombre del tribunal contencioso: en Chile es la Corte de Apelaciones, y en México el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Fuentes
- AcademiajudicialAspectos esenciales de derecho administrativo para la labor judicialconsultado el 05/10/2026
- ScieloEl origen del derecho administrativo en Méxicoconsultado el 05/10/2026
- ForoidaProfesores de la Universidad de Chile participaron en las XV …consultado el 05/10/2026
- BcnLey Chile – Ley 19880 – Biblioteca del Congreso Nacional – BCNconsultado el 05/10/2026