Derecho penal: qué es, cómo funciona y qué cambia según el país hispanohablante

Qué es el derecho penal y por qué se estudia por país

El derecho penal es la rama del derecho público que define qué conductas son delitos y qué sanciones (penas y medidas de seguridad) corresponde aplicar a quien las comete. En todos los países hispanohablantes comparte esa base: un catálogo de conductas prohibidas, unos principios que limitan al Estado y unos tribunales que las aplican. Lo que cambia, y mucho, es el detalle: el nombre del código, los principios rectores, los tipos de delitos, los organismos que investigan y la manera de organizar el proceso.

Por eso este artículo recorre los cinco sistemas que más pesan en español: España, México, Argentina, Chile y Perú. La regla de fondo se parece; el número del artículo, el plazo, el nombre del organismo o el reparto entre fuero federal y estatal no. En cada sección, cada dato lleva su país pegado en la misma frase, porque lo que es verdad en uno puede no serlo en el vecino.

Comparativa rápida: derecho penal en España, México, Argentina, Chile y Perú

Esta tabla resume los cinco sistemas penales que se desarrollan después. Cada fila es un país; cada columna, un dato clave. Lo que no aparece verificado se marca como "sin dato en las fuentes consultadas" para no rellenar.

España: el Código Penal y sus principios rectores

El derecho penal español se articula en torno a la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, publicada en el BOE el 24 de noviembre de 1995 y con entrada en vigor el 24 de mayo de 1996. Es una ley orgánica, lo que significa que exige mayoría absoluta del Congreso para modificarse, y rige en todo el territorio nacional, incluida Ceuta y Melilla. Lo aplican los Juzgados de lo Penal, las Audiencias Provinciales, la Audiencia Nacional cuando hay aforados o delitos graves con dimensión estatal, y la Fiscalía General del Estado, que dirige la acusación pública.

Los principios rectores están en el Título Preliminar del propio Código Penal: legalidad penal, irretroactividad de las leyes desfavorables, presunción de inocencia, responsabilidad penal individual y proporcionalidad de las penas. Esos principios condicionan toda reforma posterior: ninguna pena puede imponerse sin una ley previa que la prevea, y una ley más favorable se aplica a hechos anteriores aunque esté derogada.

En España, el Código Penal es ley orgánica y se reforma por leyes orgánicas: cualquier cambio necesita mayoría absoluta del Congreso.

Delitos y penas en el Código Penal español

• Clasificación de las infracciones: delitos (penas graves o menos graves) y faltas, categoría esta última profundamente reformada en 2015 y residual hoy.
• Clasificación de las penas: privativas de libertad (prisión, localización permanente, responsabilidad personal subsidiaria), privativas de derechos (inhabilitación, suspensión, privación del derecho a conducir o a residir) y multa, con un sistema de días-multa para proporcionalizar.
• Medidas de seguridad aplicables a personas con inimputabilidad o peligrosidad.
• Responsabilidad civil derivada del delito, que se acumula a la penal y exige reparar e indemnizar.

Modificaciones recientes del Código Penal español

1. 13/04/2022: reforma de los delitos contra la libertad sexual, que reemplazó los antiguos tipos de abuso y agresión por un único marco de violencias sexuales.
2. 28/04/2023: ajustes en figuras de corrupción y administración desleal.
3. 29/03/2023 y 01/03/2023: modificaciones técnicas en materia de seguridad vial y violencia de género.
4. 23/12/2022 y 21/12/2022: reformas en torno a la salud pública y los delitos económicos.
5. 14/09/2022 y 07/09/2022: cambios en materia de trata y explotación.
6. 11/06/2024: última modificación con publicación en el BOE según el texto consolidado disponible.

Advertencia: el texto refundido del BOE refleja la última actualización publicada el 9 de abril de 2026, por lo que conviene verificar la versión vigente en el momento de cada consulta.

Dónde se tramita un asunto penal en España

• Juzgados de Instrucción: investigan los hechos, reciben la denuncia y pueden dictar el procesamiento o el sobreseimiento.
• Juzgados de lo Penal: juzgan y dictan sentencia en delitos menos graves castigados con pena de prisión de hasta cinco años.
• Audiencias Provinciales: conocen de los delitos más graves que se tramitan en el ámbito provincial.
• Audiencia Nacional: asume delitos especialmente graves (terrorismo, crimen organizado, grandes fraudes) y casos con aforados concretos.
• Fiscalía General del Estado: dirige la acusación pública y coordina a las fiscalías de cada provincia.

México: Código Penal Federal y códigos estatales

México tiene un sistema penal dual. Para los delitos federales se aplica el Código Penal Federal publicado en el DOF el 14/08/1931, y para los delitos del fuero común cada entidad federativa dicta su propio código. El CPF se aplica en toda la República para delitos federales, hechos iniciados o cometidos en el extranjero cuando produzcan efectos en México, delitos extraditables si México no concede la extradición, y hechos en consulados o contra su personal cuando no se hayan juzgado en el país donde ocurrieron. Los códigos estatales rigen los delitos locales, incluidos los permanentes o continuados cometidos fuera de la entidad pero que sigan ejecutándose dentro de ella. La cifra concreta de artículos y entidades no se reproduce porque no se ha verificado en las fuentes consultadas.

Investigación y persecución corresponden al Ministerio Público (fiscalías federal y estatales), que actúa bajo las reglas del Código Nacional de Procedimientos Penales (DOF 05/03/2014). Para víctimas rige la Ley General de Víctimas (DOF 09/01/2013) y para la ejecución penal, la Ley Nacional de Ejecución Penal (DOF 16/06/2016).

El concepto de delito en el Código Penal Federal

El CPF define delito como el acto u omisión que sancionan las leyes penales. Algunos códigos estatales añaden los elementos que la doctrina usa para caracterizarlo: conducta típica, antijurídica y culpable, asociada a una o varias penas. Una misma conducta puede encajar en definiciones distintas según el código del estado donde se juzgue.

• Instantáneo: la conducta y el resultado se agotan en un momento (homicidio, robo simple).
• Permanente: la conducta se prolonga en el tiempo sin interrupción (abandono de incapaz, secuestro).
• Continuado: varias acciones sucesivas con un mismo propósito contra el mismo sujeto (hurto fraccionado por un empleado a su patrón).

Formas de comisión y sujetos del delito en México

• Doloso: el sujeto activo conoce los elementos del tipo y quiere realizarlos. Quien dispara a sabiendas contra una persona comete un hecho doloso.
• Culposo: no previó un resultado previsible o confió en que no se produciría. Mostrar un arma y disparar "por accidente" puede ser culposo.
• Sujeto activo: quien realiza la conducta típica (por ejemplo, el secuestrador).
• Sujeto pasivo: titular del bien jurídico protegido (la víctima o el Estado).

Delitos federales y del fuero común: qué resuelve cada código

Delitos federales típicos del CPF:

• Ataque a las vías de comunicación
• Delitos contra la salud (narcomenudeo cuando excede competencia local, tráfico de precursores)
• Trata de personas cuando hay dimensión interestatal o internacional
• Falsificación de moneda
• Falsificación de documentos públicos federales
• Delitos contra el medio ambiente cuando afectan ecosistemas federales
• Delitos contra la propiedad intelectual
• Robo de hidrocarburos (gasolina, gas LP de ductos)
• Delitos relacionados con armas de fuego de uso exclusivo del Ejército
• Daños al patrimonio cultural cuando afectan bienes federales

Delitos del fuero común, agrupados por bien jurídico en los códigos estatales:

• Vida e integridad corporal (homicidio, lesiones, feminicidio, aborto)
• Libertad personal (secuestro exprés, privación ilegal de la libertad)
• Libertad y seguridad sexual (abuso sexual, violación, acoso, incesto)
• Patrimonio (robo, fraude, abuso de confianza, extorsión)
• Familia y sociedad (violencia familiar, incumplimiento de obligaciones alimentarias, corrupción de menores)

Argentina: el Código Penal y su autoridad de aplicación

Argentina organiza su derecho penal federal en torno al Código Penal de la Nación, Ley 11179, con sus reformas posteriores, y al proceso previsto en el Código Procesal Penal, Ley 23984. El Ministerio Público Fiscal es el órgano de persecución penal y actúa con autonomía, según la Ley 24946. Juzgan los tribunales del Poder Judicial de la Nación, tanto federales como nacionales.

El esquema argentino distingue tres planos. El derecho penal federal entiende en delitos definidos por leyes federales (por ejemplo, el régimen de la Ley 24769 sobre Régimen Penal Tributario). Las provincias conservan la potestad de dictar sus propios códigos y de juzgar los delitos ordinarios en su territorio, con criterios que varían según jurisdicción. Las faltas municipales, de alcance local y procedimiento breve, se rigen por normas como la Ley 19690. El articulado concreto del Código Penal argentino no se detalla aquí porque no aparece verificado en las fuentes consultadas; se trabaja el marco general.

Estructura del Código Penal argentino

• Parte general: principios de legalidad, culpabilidad, autoría y participación, tentativa, reincidencia, y régimen de penas y medidas de seguridad.
• Parte especial: definición de figuras típicas (contra las personas, el honor, la propiedad, la integridad sexual, la administración pública, la seguridad de la Nación).
• Regímenes especiales: leyes penales complementarias y procesales que tipifican conductas concretas (tributarias, lavado, estupefacientes, trata).
• Sanciones: prisión, reclusión, multa, inhabilitación y medidas de seguridad.

Dónde se tramita un asunto penal en Argentina

• Juzgados federales: entienden en delitos definidos por leyes federales y hechos con proyección interestatal o internacional.
• Juzgados nacionales en lo criminal y correccional: tramitan delitos ordinarios de la justicia nacional en CABA.
• Tribunales orales: actúan como tribunales de juicio en los casos que llegan a debate oral.
• Ministerio Público Fiscal: conduce la investigación, formula imputaciones y sostiene la acusación ante los tribunales.
• Juzgados provinciales y tribunales orales provinciales: en cada provincia, bajo códigos procesales locales, conocen de los delitos comunes.

Chile: el Código Penal y sus principios rectores

Chile cuenta con un Código Penal de larga tradición, completado por leyes penales especiales y por un sistema procesal penal renovado. El trámite se rige por el Código Procesal Penal, Ley 19669 (rectificado: Ley 19696), que instauró la reforma procesal penal a partir de 2000. La persecución penal la ejerce el Ministerio Público, creado por la Ley 19519, y el control de garantías corresponde a los Juzgados de Garantía, mientras que el juicio oral lo llevan los Tribunales Orales en lo Penal.

El Código Penal chileno recoge los principios clásicos: legalidad, tipicidad, culpabilidad, proporcionalidad, irretroactividad de las leyes desfavorables y aplicación de la ley más favorable. La parte especial organiza los tipos por bienes jurídicos (personas, propiedad, patrimonio, orden público, seguridad del Estado). A ese esquema se suman leyes especiales como la Ley 21595, Ley de Delitos Económicos y la Ley 20609, Ley Zamudio, que amplían o precisan tipos. El articulado concreto del Código Penal chileno no se desarrolla porque no aparece verificado en las fuentes consultadas.

Delitos y penas en el Código Penal chileno

• Delitos: infracciones castigadas con penas de crimen o simple delito según su gravedad.
• Faltas: infracciones leves, con penas asociadas mucho menores.
• Penas de crimen: en general, mayor gravedad (presidio mayor y accesorias).
• Penas de simple delito: presidio menor, reclusión, confinamiento y multa.
• Penas comunes a crímenes y simples delitos: inhabilitación y otras accesorias, proporcionales al hecho.

Cómo se investiga y juzga un delito en Chile

1. Denuncia o querella ante Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI) o directamente ante el Ministerio Público.
2. Investigación dirigida por el fiscal del Ministerio Público, con apoyo de las policías; puede aplicar salidas alternativas como suspensión condicional o acuerdos reparatorios.
3. Formalización ante el Juzgado de Garantía: el fiscal comunica cargos y puede solicitar medidas cautelares.
4. Etapa intermedia: escrito de acusación y preparación del juicio.
5. Juicio oral ante el Tribunal Oral en lo Penal, con prueba pública y contradictoria.
6. Sentencia y, en su caso, recursos ante tribunales superiores.

Perú: el Código Penal y su marco constitucional

El derecho penal peruano se articula en torno al Código Penal aprobado por Decreto Legislativo 635, promulgado el 3 de abril de 1991 y publicado el 8 de abril de 1991, con sucesivas modificaciones. La persecución penal corresponde al Ministerio Público, la jurisdicción al Poder Judicial y la investigación preliminar a la Policía Nacional del Perú, bajo las reglas del Código Procesal Penal, Decreto Legislativo 957.

A ese tronco se suman leyes especiales que tipifican figuras concretas: la Ley 30096, Ley de Delitos Informáticos, la Ley 28008, Ley de los Delitos Aduaneros, la Ley 27765, Ley Penal contra el Lavado de Activos y la Ley 28117, Ley de Celeridad y Eficacia Procesal Penal. El Título Preliminar fija los principios que condicionan toda interpretación y aplicación de la ley penal.

Principios del Título Preliminar del Código Penal peruano

1. Finalidad preventiva: la pena y las medidas de seguridad apuntan a la prevención de delitos.
2. Legalidad: solo son punibles las conductas previstas expresamente como delitos en una ley previa.
3. Prohibición de la analogía: la ley penal no se aplica por analogía en perjuicio del procesado.
4. Lesividad: el hecho solo se sanciona si pone en peligro o lesiona un bien jurídico protegido.
5. Garantía jurisdiccional: solo el órgano jurisdiccional puede imponer penas o medidas de seguridad.
6. Garantía de ejecución: las resoluciones no se dejan sin efecto por cuestiones formales, salvo excepciones legales.
7. Responsabilidad penal con proscripción de la responsabilidad objetiva: la pena requiere dolo o culpa, nunca mera causación del resultado.
8. Proporcionalidad de las sanciones: la pena debe ser proporcionada al hecho.
9. Aplicación supletoria de la ley penal: las leyes especiales se aplican supletoriamente al Código Penal en lo no previsto.

Aplicación espacial, temporal y personal de la ley penal en Perú

El Libro Primero, Título I del Código Penal peruano regula los tres ejes siguientes.

El principio real permite perseguir hechos que cometan en el extranjero y afecten bienes jurídicos peruanos (por ejemplo, delitos ambientales o de trata). El de personalidad activa persigue a nacionales que delinquen fuera; el pasivo protege a nacionales víctimas en el exterior. La ubicuidad entiende cometido el delito donde se ejecute total o parcialmente.

El hecho punible y el error en el Código Penal peruano

• Distinción entre delitos y faltas, con criterios de gravedad y pena asignada por el propio código.
• Delito doloso y culposo: dolo cuando el agente conoce y quiere el resultado; culpa cuando lo produce por negligencia, impericia o imprudencia.
• Omisión impropia: equiparable a la acción cuando el omitente tiene posición de garante y podía evitar el resultado.
• Error de tipo: si es invencible, excluye la responsabilidad; si es vencible, subsiste el tipo culposo si está previsto.
• Error de prohibición: invencible excluye la responsabilidad; vencible atenúa la pena.
• Error de comprensión culturalmente condicionado, aplicable a capítulos específicos del Código Penal peruano: permite valorar la conducta del agente que pertenece a una cultura distinta de la dominante.

Una pena nunca puede imponerse sin ley previa que la prevea; ese principio de legalidad es común a los cinco países y la primera línea que comparte todo derecho penal moderno. Lo que cambia de uno a otro es el catálogo de tipos, las reglas procesales y los organismos que los aplican: para no equivocarte, contrasta siempre el dato con la fuente oficial del país correspondiente.

¿Cómo se llama "Fiscalía" en cada país? La institución existe en los cinco, pero el nombre, la dependencia orgánica y las competencias cambian: en España es la Fiscalía General del Estado y depende del Ejecutivo; en México es la Fiscalía General de la República en el orden federal y las fiscalías estatales en el fuero común; en Argentina es el Ministerio Público Fiscal; en Chile es el Ministerio Público; y en Perú también es el Ministerio Público. El nombre importa menos que el plano al que pertenece cada asunto: federal, nacional u ordinario según la jurisdicción.

Preguntas frecuentes sobre derecho penal en países hispanohablantes