Qué es el perjuicio económico y por qué te interesa
Un perjuicio económico es cualquier pérdida patrimonial que sufre una persona o una empresa por una acción u omisión de otro: dinero que dejó de entrar, un bien que se deterioró o un gasto que hubo que asumir de más. Aparece en casi todos los órdenes de la vida: un despido, un accidente, un incumplimiento de contrato, una sanción tributaria o un robo. Por eso, aunque la palabra cambia de forma según el país, el fondo es parecido en cualquier sitio: quien causa un daño patrimonial tiene que repararlo, y quien lo sufre tiene derecho a que se lo indemnicen.
Importa porque es la llave para cobrar una indemnización. Si no consigues acreditar el daño con cifras, la reclamación se queda en nada. Y aquí empieza lo complicado: cada país mide ese daño con su propia ley, sus propios tribunales y, en muchos casos, su propia moneda.
Lo que casi todos los países comparten (y lo que no)
En España, México, Argentina, Chile y Perú el principio de fondo es el mismo: para que haya indemnización hace falta un daño real, cierto y probado, más un nexo con la conducta que lo originó. También se repite la división clásica entre daño emergente (lo que ya saliste perdiendo) y lucro cesante (lo que dejaste de ganar). Lo que cambia es todo lo demás.
- La ley que se aplica: tributaria, civil, laboral o penal, según el caso y el país.
- El organismo ante el que se reclama: Agencia Tributaria, tribunales laborales, juzgados civiles o fiscalías.
- La fórmula para cuantificarlo: porcentaje sobre la sanción, meses de salario, unidades de cuenta (UMA, UF, UIT) o prueba pericial.
- La moneda en la que se paga y los topes que se aplican.
Por eso este artículo baja a tierra con cada país por separado: para que veas, con cifras y con la norma que toca, qué cambia cuando cruzas una frontera.
Perjuicio económico en España
En España, el perjuicio económico del que más se habla en los últimos años es el que se usa para graduar sanciones tributarias, regulado en el artículo 187.1.b de la Ley General Tributaria. La norma dice que, a más perjuicio causado a la Hacienda pública, más puntos se suman a la sanción.
La duda de siempre era con qué cifra comparar la base de la sanción: si con la cuota líquida (lo que realmente se debía tras descontar pagos a cuenta, retenciones y fraccionados) o con la cuota diferencial (lo que quedó pendiente después de esos pagos). El Tribunal Supremo, en su sentencia 462/2023 de 11 de abril, zanjó el debate: hay que usar la cuota líquida, descontando los pagos ya hechos, y los pagos fraccionados legalmente realizados cuentan como parte de la deuda satisfecha. La doctrina vale para el IRPF y para el Impuesto sobre Sociedades.
Cuándo se aplica y cómo se gradúa la sanción
La escala del artículo 187.1.b de la LGT, confirmada por el Supremo en 2023, es la siguiente:
| Tramo de perjuicio sobre lo debido | Puntos que se suman a la sanción |
|---|---|
| Entre el 10 % y el 25 % | +10 puntos porcentuales |
| Entre el 26 % y el 50 % | +15 puntos porcentuales |
| Entre el 51 % y el 75 % | +20 puntos porcentuales |
| Superior al 75 % | +25 puntos porcentuales |
La doctrina del Supremo se aplica a sanciones tributarias españolas y deja fuera cualquier otro tipo de sanción administrativa.
Cuota líquida y cuota diferencial: por qué importa la discusión
El Supremo razona que la sanción debe reflejar el daño real a la Hacienda pública. Si divides la base de la sanción por la cuota diferencial (lo que aún quedaba por pagar), un contribuyente que ya había adelantado mucho dinero vía retenciones sale peor parado que otro que no había pagado nada, aunque el perjuicio objetivo sea similar. Por eso, la base se divide por la cuota líquida, descontando pagos a cuenta, retenciones y pagos fraccionados como parte de la deuda satisfecha. El fallo cuenta con un voto particular discrepante de dos magistrados, que entienden que obligar y pagar fraccionado son obligaciones distintas y que medirlas juntas puede chocar con el principio de culpabilidad.
Dónde se tramita y ante quién se recurre
La sanción se tramita ante la Agencia Tributaria (AEAT), que es la que liquida y propone el porcentaje de agravación. Frente a ella caben los recursos administrativos habituales (reposición, reclamación económico-administrativa ante el TEAC) y, en última instancia, la vía contencioso-administrativa ante la Audiencia Nacional o los tribunales superiores de justicia. La doctrina del Supremo la fija el Alto Tribunal y se proyecta sobre todos los órganos inferiores.
Perjuicio económico en México
En México, el perjuicio económico trabaja sobre todo en dos frentes: la responsabilidad civil y el derecho del trabajo. Lo regulan el Código Civil Federal y la Ley Federal del Trabajo, con cifras en pesos mexicanos (MXN) y, en ciertos topes, en Unidad de Medida y Actualización (UMA).
En responsabilidad civil: daño material y lucro cesante
El Código Civil Federal, en sus preceptos sobre obligaciones, regula la obligación de reparar el daño y la diferencia entre daño emergente y lucro cesante: hay que devolver el valor de la pérdida sufrida y, además, compensar la ganancia que se dejó de obtener. La prueba del lucro cesante exige mostrar que era razonable y probable, no solo posible. Aquí las cifras van siempre en pesos mexicanos (MXN) y, cuando la ley lo prevé, se expresan en UMA.
En el derecho del trabajo: indemnización por despido sin causa
La Ley Federal del Trabajo, en su artículo 48, prevé tres componentes para la indemnización por despido sin causa justificada:
- Tres meses de salario integrado como mínimo (salario base más prestaciones habituales).
- Veinte días de salario por cada año completo de servicio.
- Prima de antigüedad: doce días de salario por cada año, con un tope de dos veces el salario mínimo general vigente (315,04 MXN/día en 2026).
Ejemplo numérico: Karla trabajó cuatro años con un salario integrado de 18.000 MXN mensuales y fue despedida sin causa en Monterrey. Tres meses de salario: 54.000 MXN. Veinte días por cuatro años: 80.000 MXN (20.000 MXN/año). Prima de antigüedad: doce días por cuatro años a salario integrado = 48.000 MXN, pero topada por el doble del salario mínimo general vigente (2 × 315,04 MXN × 30 días × 4 años = 75.609,60 MXN). En este caso el tope no se activa: total 182.000 MXN, IVA aparte si aplica.
Dónde se reclama y qué se necesita
Desde la reforma laboral de 2019, el camino es conciliación prejudicial ante el Centro de Conciliación (federal o local) y, si no hay acuerdo, demanda ante el Tribunal Laboral, no ante las extintas Juntas de Conciliación y Arbitraje. Documentos típicos:
- Contrato individual o colectivo de trabajo.
- Recibos de nómina o constancia de percepciones.
- Baja del IMSS y comprobante del último periodo cotizado.
- Carta de despido o constancia de la separación.
- Identificación oficial y CURP.
Perjuicio económico en Argentina
En Argentina, el perjuicio económico se mueve entre el derecho civil y el penal. Lo ordenan, sobre todo, el Código Civil y Comercial de la Nación y el Código Penal, con cifras en pesos argentinos (ARS).
Responsabilidad civil: cuándo procede indemnizar
El artículo 1739 del Código Civil y Comercial de la Nación marca el patrón: para que proceda indemnización tiene que haber un perjuicio directo o indirecto, actual o futuro, cierto y subsistente. Además, la llamada pérdida de chance (la oportunidad perdida) es indemnizable cuando su contingencia sea razonable y haya relación de causalidad adecuada con el hecho generador. Esta regla rige en todo el territorio argentino, salvo normas locales que la desarrollen.
En el derecho penal: la reparación del perjuicio
Los artículos 29 a 33 del Código Penal argentino regulan la responsabilidad civil derivada del delito: el condenado a una pena puede serlo también a restituir las cosas a su estado anterior y a indemnizar los daños y perjuicios. En un robo, por ejemplo, el responsable puede ser obligado a devolver el bien o su valor y a reparar los daños directos. Las cifras en este ámbito se mueven en ARS, que pierden valor con rapidez, así que se trabaja con valores actualizados al momento del pronunciamiento judicial.
Dónde reclamar y cómo se cuantifica
El perjudicado puede ir por la vía civil (juicio ordinario por daños y perjuicios) o por la penal (la llamada acción civil resarcitoria dentro del proceso penal). La elección depende de si hubo delito y de la conveniencia de acumular pruebas. El camino es:
- Acudir a la justicia nacional o provincial según el lugar del hecho y las partes.
- Plantear demanda con prueba del daño, el nexo causal y la cuantía.
- Cuantificar el perjuicio con peritajes, facturas, informes contables o testigos.
- Solicitar medidas cautelares si hay riesgo de insolvencia del demandado.
Los tribunales argentinos competentes son los ordinarios de cada jurisdicción; consulta la competencia exacta en el juzgado donde tramitarás el caso.
Perjuicio económico en Chile
En Chile, el perjuicio económico se trabaja sobre todo en responsabilidad civil y en materia laboral. Lo regulan el Código Civil chileno y el Código del Trabajo, con cifras en pesos chilenos (CLP) y, para ciertos topes, en Unidad de Fomento (UF) o en Unidad Tributaria Mensual (UTM).
Responsabilidad civil: daño emergente y lucro cesante
El Código Civil chileno, en sus preceptos sobre responsabilidad extracontractual, reconoce tanto el daño material (emergente) como el lucro cesante y el daño moral. Para cobrar lucro cesante hay que acreditar que la ganancia frustrada era probable y no meramente hipotética, lo que suele exigir prueba pericial o documental. Las cifras se expresan en CLP y, en materias donde la ley lo prevé, en UF.
Despido sin justa causa: la indemnización laboral
El artículo 163 del Código del Trabajo chileno fija la indemnización por años de servicio: un mes de sueldo por cada año trabajado, con un tope de 11 meses. La base es el promedio de los últimos 12 meses, con tope de 90 unidades de fomento. Ejemplo en CLP convertido a UF: Renato, con cinco años en una empresa de Santiago y sueldo promedio de 1.800.000 CLP mensuales.
- Cinco meses de sueldo: 5 × 1.800.000 CLP = 9.000.000 CLP.
- Tope legal de 90 UF: con la UF de 2026 (valor de julio), ese tope supera los 9.000.000 CLP, así que no recorta en este caso.
- Total estimado: 9.000.000 CLP.
La Dirección del Trabajo es el organismo administrativo que fiscaliza y media antes de demandar.
Dónde reclamar y en qué plazo
Tras la mediación ante la Inspección del Trabajo, si no hay acuerdo se demanda ante el Juzgado de Letras del Trabajo competente. En temas de seguridad social interviene la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO). El plazo para demandar por despido prescribe según las reglas generales del Código del Trabajo: revisa la normativa vigente o consulta con la Dirección del Trabajo, porque el cómputo depende del tipo de acción.
Perjuicio económico en Perú
En Perú, el perjuicio económico se regula en el Código Civil y en la legislación laboral, especialmente en la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Las cifras van en soles (PEN) y, en algunos topes y multas, en Unidades Impositivas Tributarias (UIT).
Responsabilidad civil: daño patrimonial y lucro cesante
El Código Civil peruano prevé la indemnización por daños y perjuicios, con la distinción clásica entre daño emergente (pérdida sufrida) y lucro cesante (ganancia dejada de obtener). La cuantificación exige prueba de la existencia del daño, su cuantía y el nexo causal. La competencia corresponde a la Corte Superior de Justicia del distrito judicial donde se produjo el hecho o donde domicilia el demandado, según las reglas procesales civiles peruanas.
Despido arbitrario: la indemnización laboral
El Decreto Supremo 30795/1992 fija la indemnización por despido arbitrario en una y media remuneraciones mensuales por cada año completo de servicios, con un tope de doce remuneraciones. Las fracciones de año se pagan en proporción. Ejemplo en soles (PEN): Lucía, con tres años completos en una empresa de Lima y sueldo promedio de 3.500 PEN mensuales.
- Cálculo: 1,5 × 3 × 3.500 PEN = 15.750 PEN.
- Tope legal: 12 × 3.500 PEN = 42.000 PEN (no se activa aquí).
- Total estimado: 15.750 PEN.
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo actúa como autoridad administrativa; SUNAFIL fiscaliza.
Dónde reclamar y qué se necesita
La demanda se presenta ante el Juzgado Laboral bajo la Nueva Ley Procesal del Trabajo. Documentos básicos:
- Constancia de trabajo o certificados de la empresa.
- Boletas de pago de los últimos seis meses.
- Carta de despido o liquidación.
- Documento de identidad.
Si el caso involucra multa administrativa, el cálculo puede hacerse en UIT (5.500 PEN en 2026).
En resumen: el perjuicio económico es un principio compartido, pero su cálculo depende por completo de la ley, la jurisdicción y la moneda de cada país. Antes de reclamar, confirma la norma y el organismo competente en tu territorio.
Preguntas frecuentes sobre el perjuicio económico
1. ¿Qué se considera un perjuicio económico para la hacienda pública?
Es el daño patrimonial que una conducta sancionada por la ley tributaria provoca en los ingresos del Estado: dejar de pagar, devolver indebidamente o disfrutar sin base legal de un beneficio fiscal. En España la Ley General Tributaria lo define expresamente en su articulado como la diferencia entre lo que debía ingresarse y lo que finalmente se ingresó o se devolvió.
2. ¿Cómo se sanciona un perjuicio económico en materia tributaria?
La sanción suele calcularse como un porcentaje del perjuicio causado y, además, se exige el ingreso de la deuda con sus intereses. Las cuantías y los tipos aplicables varían según el país: en España los recoge la Ley General Tributaria; en México y Chile los define su propia legislación fiscal, con reglas y porcentajes distintos en cada caso.
3. ¿Qué es la LGT en derecho tributario?
LGT es la sigla de la Ley General Tributaria, la norma que en España regula las obligaciones tributarias, los procedimientos de gestión e inspección y el régimen de sanciones e infracciones. No confundir con la LGT de Argentina ni con la Ley General de Tributación de Chile, que son normas diferentes aunque compartan las mismas iniciales.
4. ¿Qué regula la Ley General Tributaria?
La Ley General Tributaria española regula los tributos, la aplicación de las normas tributarias, los procedimientos de gestión, inspección y recaudación, y el régimen de infracciones y sanciones, incluyendo la figura del perjuicio económico a la hacienda pública. Otros países, como Chile con su Código Tributario, tienen normas equivalentes con nombres y estructuras distintas.
Fuentes
- Argentinaya ningún acto ilícito se le podrá aplicar pena o sanción de este …consultado el 28/09/2026
- IberleyInfracciones tributarias que no causan perjuicio económico – Iberleyconsultado el 28/09/2026
- ThomsonreutersCuantificación del daño en Argentina: cómo calcularlaconsultado el 28/09/2026
- Elperuano¿Trabajador causó perjuicio económico? Empleador tiene 30 días …consultado el 28/09/2026
- FigueroayasociadosQué Es El Perjuicio En El Derecho Civil Mexicanoconsultado el 28/09/2026