Derecho procesal penal en Colombia: cómo funciona la justicia penal paso a paso

Qué es el derecho procesal penal y qué problema resuelve para el ciudadano

El derecho procesal penal es el conjunto de normas que regulan cómo se investiga, se acusa, se juzga y se ejecuta una pena por un delito. No define qué conductas son delitos —eso es el derecho penal sustantivo—, sino quién investiga, ante quién se acusa, con qué garantías se juzga y cómo se cumple la condena.

Detrás de cualquier proceso penal hay un derecho fundamental: que nadie sea condenado sin juicio previo, con juez imparcial, con defensa y con posibilidad de recurrir. Casi todos los países hispanohablantes comparten estos principios, pero cada uno los plasma en su propio cuerpo legal y, sobre todo, en sus propios plazos, autoridades y nombres. Por eso decir "el derecho procesal penal" sin país no basta: cambia la ley, cambia el fiscal que investiga, cambia el juez que controla, cambian los recursos.

Tabla comparativa: procesal penal en España, México, Argentina, Chile y Perú

| País | Cómo se llama | Ley principal | Autoridad que investiga | Autoridad que juzga | |—|—|—|—| Ministerio Fiscal y | | España | Proceso penal (instrucción + juicio oral) | Ley de Enjuiciamiento Criminal | Ministerio Fiscal y policía judicial | Juez de Instrucción, luego Audiencia Provincial o Audiencia Nacional | | México | Sistema penal acusatorio | Código Nacional de Procedimientos Penales | Fiscalía General de la República o fiscalías estatales | Juez de Control, Tribunal de Enjuiciamiento y Sala Penal del TSJ | | Argentina | Proceso penal federal | Código Procesal Penal Federal (Ley 27.063) | Ministerio Público Fiscal (PROCUNAR y fiscalías federales) | Juez federal y tribunales orales federales | | Chile | Proceso penal | Código Procesal Penal (Ley 19.696) | Ministerio Público (fiscalía) | Juez de garantía y tribunal oral en lo penal | | Perú | Proceso penal común | Código Procesal Penal (D. Leg. 957) | Ministerio Público (fiscalía) | Juez de investigación preparatoria y Juzgado Penal Colegiado/Unipersonal |

España: procesal penal paso a paso bajo la Ley de Enjuiciamiento Criminal

En España el proceso penal se rige por la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Ley 1/2000) y se organiza en dos bloques claros: una fase instructora donde se investiga y una fase de juicio oral donde se decide la condena o absolución. La instrucción la dirige el Juez de Instrucción de forma compartida con el Ministerio Fiscal, que vela por la legalidad y puede incluso asumir la investigación en determinados delitos (por ejemplo, en el proceso ante el Tribunal del Jurado o en los llamados "procedimientos de especial complejidad").

La policía judicial —Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía y policías autonómicas— practica las primeras diligencias (atestado, recogida de pruebas, identificación de sospechosos) y las entrega al juzgado. Una vez cerrada la instrucción, si hay indicios suficientes el fiscal o el acusador particular formulan escrito de acusación y se abre el juicio oral ante la Audiencia Provincial (delitos graves) o ante el Juzgado de lo Penal (delitos menos graves). Cuando el asunto corresponde a la Audiencia Nacional —terrorismo, organización criminal, delitos económicos con alcance supraautonómico—, interviene el Juzgado Central de Instrucción y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Fase en España	Autoridad competente	Plazo orientativo
Denuncia/atestado	Policía judicial, Ministerio Fiscal, Juez	Sin plazo fijo de inicio
Instrucción (sumario/procedimiento abreviado)	Juez de Instrucción	6 meses en procedimiento abreviado, ampliable hasta 18 meses en sumarios complejos
Escrito de acusación y apertura de juicio oral	Fiscal o acusador particular	Tras cierre de instrucción
Juicio oral	Audiencia Provincial / Juzgado de lo Penal / Audiencia Nacional	Sin plazo tasado de celebración
Sentencia y recursos	Tribunal sentenciador, TS y AN	Apelación 5 días; casación 5 días

Etapas del proceso penal en España

1. Denuncia o atestado: la presenta la víctima, un particular, la policía o el fiscal ante el Juzgado de Instrucción o el Ministerio Fiscal.
2. Instrucción: el juez ordena pruebas, toma declaración al investigado (imputado), a testigos y peritos; el fiscal puede pedir diligencias y, en algunos casos, dirigir la investigación.
3. Escrito de acusación: cuando hay indicios de delito y persona responsable, fiscal y acusación particular piden apertura de juicio oral con sus peticiones de pena y responsabilidad civil.
4. Juicio oral: se practica la prueba ante el órgano de enjuiciamiento; el fiscal, la defensa y, en su caso, la acusación particular exponen sus conclusiones.
5. Sentencia: el tribunal resuelve absolviendo o condenando; la sentencia incluye, si procede, la responsabilidad civil (indemnización a la víctima).
6. Recursos: cabe apelación ante la Audiencia Provincial o la Audiencia Nacional y, en su caso, casación ante el Tribunal Supremo, así como el recurso de revisión.

Medidas cautelares y prisión provisional en España

En España la prisión provisional solo procede cuando hay indicios racionales de culpabilidad y alguno de estos tres fines: asegurar la presencia del investigado (riesgo de fuga), evitar que destruya pruebas o proteger a la víctima. La acuerda el juez de oficio o a petición del fiscal o de la acusación particular; nunca la policía. Su duración máxima depende de la pena señalada para el delito y de la fase procesal, con plazos tasados que, en líneas generales, no pueden superar seis meses prorrogables hasta dieciocho meses o dos años en causas complejas. El detenido tiene derecho a asistencia letrada desde la detención policial, a ser informado de los hechos que se le imputan y a solicitar habeas corpus ante el juez si considera ilegal su privación de libertad.

La prisión provisional en España no es una condena anticipada: solo cabe cuando hay motivos tasados y con plazo, y siempre con defensa desde el primer minuto.

Recursos y ejecución de la sentencia en España

Frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal cabe apelación ante la Audiencia Provincial; si la sentencia procede de la Audiencia Provincial o de la Audiencia Nacional, el recurso es de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo. La ejecución de la sentencia penal corresponde al mismo órgano que la dictó en primera instancia, con la colaboración de Instituciones Penitenciarias para vigilar el cumplimiento de las penas privativas de libertad, las medidas de seguridad y las reglas de conducta.

México: procesal penal paso a paso bajo el Código Nacional de Procedimientos Penales

En México el sistema penal es acusatorio desde la reforma constitucional de 2008 y se aplica de forma plena en todo el país a través del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP). La investigación la dirige la Fiscalía: la Fiscalía General de la República en delitos federales y las fiscalías estatales (por ejemplo, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México o de Nuevo León) en los del fuero común. El control de la legalidad de la investigación corresponde a un Juez de Control, y el juicio se celebra ante un Tribunal de Enjuiciamiento, ambos con oralidad y publicidad.

Las etapas —denuncia, carpeta de investigación, formulación de imputación, control de detención, etapa intermedia, juicio oral y sentencia— están pensadas para que la prueba se desahogue en la audiencia, no por escrito. La víctima tiene un papel reforzado: puede coadyuvar con el fiscal, solicitar medidas de protección y ejercer acción civil reparadora. El Código fija plazos claros para cada resolución, con consecuencias si se incumplen (por ejemplo, la liberación del detenido si la audiencia de control de detención no se celebra dentro de las 48 horas siguientes).

Fase en México	Autoridad competente	Plazo orientativo
Denuncia y carpeta de investigación	Policía, fiscal del Ministerio Público	Sin plazo fijo de inicio
Control de detención	Juez de Control	48 horas tras la detención
Formulación de imputación	Fiscal ante Juez de Control	Dentro de la audiencia inicial
Auto de vinculación a proceso	Juez de Control	72 horas tras formulación de imputación
Investigación complementaria	Fiscal	Plazos según tipo de delito
Etapa intermedia y juicio oral	Tribunal de Enjuiciamiento	Sin plazo fijo de celebración

Etapas del proceso penal acusatorio en México

1. Denuncia o querella: se presenta ante la fiscalía competente (FGR o fiscalía estatal) o ante la policía.
2. Carpeta de investigación: el fiscal abre la carpeta, practica y recaba pruebas y, en su caso, cita a comparecer.
3. Control de detención: si hubo captura, el fiscal lleva al detenido ante el Juez de Control en 48 horas para que determine su legalidad.
4. Formulación de imputación y vinculación a proceso: el fiscal imputa cargos; el juez resuelve si hay datos para vincular al investigado a proceso.
5. Etapa intermedia: se ofrecen y admiten pruebas, se plantean incidentes y se fija el auto de apertura a juicio.
6. Juicio oral: se desahogan pruebas ante el Tribunal de Enjuiciamiento; el fiscal y la defensa exponen alegatos.
7. Sentencia: el tribunal absuelve o condena; la sentencia puede ser recurrida.

Medidas cautelares y prisión preventiva en México

La prisión preventiva oficiosa es automática para ciertos delitos graves enumerados en el CNPP —entre otros, delincuencia organizada, secuestro, robo con violencia y trata de personas—. En los demás casos, el fiscal debe solicitar prisión preventiva justificada y el Juez de Control debe analizar los riesgos (de fuga, de obstaculización, de reiteración delictiva) para concederla. El auto de vinculación a proceso puede llevar aparejada prisión preventiva oficiosa (cuando aplique) o prisión preventiva justificada por el plazo que el propio código fija. Si el fiscal no solicita la medida cautelar que corresponda, no procede la prisión preventiva; puede pedirse una medida menos gravosa (presentación periódica, garantía económica, prohibición de salida).

Recursos y ejecución de la sentencia en México

Frente a la sentencia del Tribunal de Enjuiciamiento cabe recurso de apelación ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia (en fuero común) o ante el Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente (en fuero federal), así como juicio de amparo ante Juzgados de Distrito y, en última instancia, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La ejecución penal compete a las autoridades estatales —sistemas penitenciarios estatales— o, en el ámbito federal, al Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, que opera los centros federales de reinserción.

Argentina: procesal penal paso a paso bajo el Código Procesal Penal Federal

En Argentina el proceso penal federal se rige por el Código Procesal Penal Federal (Ley 27.063, T.O. 2019), que vino a sustituir al histórico Código Procesal Penal (Ley 23.984) para introducir un sistema acusatorio con fiscal investigador, juez garante y juicio oral. La investigación la dirige el Ministerio Público Fiscal (Ley 27.148), con fiscales especializados como la PROCUNAR en narcotráfico o la PROCELAC en lavado, según la materia. El control de la instrucción corresponde a un juez federal y el juicio se celebra ante un Tribunal Oral Federal.

El código garantiza desde su primer artículo el juez natural, el juicio previo, la presunción de inocencia y el principio de in dubio pro reo. La acción penal pública la ejerce el Ministerio Fiscal de oficio y, excepcionalmente, requiere denuncia del ofendido (delitos dependientes de instancia privada) o querella (delitos de acción privada). La víctima puede intervenir como querellante y ejercer la acción civil resarcitoria ante el mismo tribunal penal.

Fase en Argentina	Autoridad competente	Plazo orientativo
Denuncia y apertura de investigación	Ministerio Público Fiscal	Sin plazo fijo de inicio
Investigación preparatoria (Instrucción)	Fiscal federal con control de juez	Plazos legales según complejidad
Requerimiento de elevación a juicio	Fiscal federal	Al cierre de la instrucción
Debate oral y público	Tribunal Oral Federal	Sin plazo tasado de celebración
Sentencia y recursos	Tribunal Oral y Cámara/Corte	Recursos reglados en el código

Etapas del proceso penal federal en Argentina

1. Denuncia: cualquier persona puede denunciar; si es delito de acción pública, el fiscal la impulsa de oficio.
2. Investigación fiscal: el fiscal dirige la pesquisa, practica pruebas, recibe declaración al sospechoso y a testigos; el juez controla su legalidad.
3. Requerimiento de elevación a juicio: si hay mérito, el fiscal pide que el caso pase al tribunal oral.
4. Audiencia preliminar: el juez fija la plataforma fáctica y la prueba que se desahogará.
5. Debate: ante el Tribunal Oral Federal se reciben las pruebas, se escuchan alegatos y se dicta sentencia.
6. Sentencia y recursos: cabe casación ante la Cámara Nacional de Casación Penal y recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Medidas cautelares y prisión preventiva en Argentina

La prisión preventiva en Argentina exige sospecha suficiente de que el imputado ha cometido el hecho, peligro de fuga (por pena en expectativa, antecedentes, comportamiento, personalidad, disponibilidad de medios) y peligro de obstaculización de la investigación. La reforma introducida por la Ley 27.272 y consolidada en el T.O. 2019 estableció topes diferenciados según la gravedad: en general, hasta dos años para hechos punibles con pena mínima inferior a tres años; hasta tres años cuando supera los tres años; y hasta cuatro años para los casos más graves enumerados por el código. Vencido el plazo sin juicio, el detenido puede exigir su libertad, sin perjuicio de otras medidas cautelares.

Recursos y ejecución de la sentencia en Argentina

La sentencia del Tribunal Oral Federal puede recurrirse mediante casación ante la Cámara Nacional de Casación Penal, integrada por salas especializadas en materia penal, y mediante recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema cuando se cuestiona la interpretación de la Constitución Nacional o de tratados internacionales. La ejecución de las penas privativas de libertad corresponde al Servicio Penitenciario Federal bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, mientras que en el ámbito provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires quedan a cargo de los servicios penitenciarios locales.

Chile: procesal penal paso a paso bajo el Código Procesal Penal

En Chile el sistema penal es acusatorio desde la entrada en vigor del Código Procesal Penal (Ley 19.696), con un Ministerio Público creado por la Ley 19.519 que dirige la investigación de forma desformalizada y con un juez de garantía que controla las medidas que restringen derechos. La separación entre quien investiga, quien controla y quien juzga es la pieza clave: la fiscalía investiga, el juez de garantía autoriza las medidas cautelares y los actos que restrinjan derechos, y el tribunal oral en lo penal juzga.

El código consagra desde su artículo 1 la necesidad de juicio previo y de única persecución; desde el artículo 4, la presunción de inocencia; desde el artículo 8, el derecho a defensa letrada desde la primera actuación. Toda actuación que prive, restrinja o perturbe derechos necesita autorización del juez de garantía, que puede otorgarse incluso por teléfono o fax en caso de urgencia (artículo 9 del código). El Ministerio Público debe velar por la víctima en todas las etapas (artículo 6), promoviendo acuerdos patrimoniales y medidas cautelares de protección.

Fase en Chile	Autoridad competente	Plazo orientativo
Denuncia y decisión de investigar	Ministerio Público (fiscalía)	Sin plazo fijo de inicio
Investigación desformalizada	Fiscal del Ministerio Público	Plazo legal de instrucción
Cierre y decisión (acusación, sobreseimiento, no perseverar)	Fiscal	Plazos reglados según resultado
Audiencia de preparación	Juez de garantía	Fija fecha de juicio oral
Juicio oral	Tribunal Oral en lo Penal	Sin plazo tasado de celebración
Sentencia y recursos	TOP y cortes	Plazos reglados para recursos

Etapas del proceso penal en Chile

1. Denuncia: la víctima o cualquier persona denuncia; si es delito de acción pública, el fiscal la impulsa de oficio.
2. Investigación desformalizada: el fiscal practica todas las diligencias sin solemnidades, sin pliego cerrado y sin formalismos rígidos.
3. Decisión del fiscal: puede sobreseer temporal o definitivamente, aplicar el principio de oportunidad o acusar.
4. Audiencia de preparación: ante el juez de garantía las partes discuten la prueba y los hechos a acreditar.
5. Juicio oral: ante el Tribunal Oral en lo Penal se desahoga la prueba y se dicta sentencia en audiencia.
6. Sentencia y recursos: cabe recurso de nulidad ante la Corte de Apelaciones y, en su caso, ante la Corte Suprema.

Medidas cautelares y prisión preventiva en Chile

La prisión preventiva en Chile procede solo cuando las demás medidas cautelares son insuficientes y concurre alguno de los presupuestos del artículo 140 del Código Procesal Penal: presunción fundada de autoría o participación, necesidad de cautela (peligro de fuga o de obstaculización) y proporcionalidad con la pena esperada. El juez de garantía es quien la decreta, a petición del fiscal, con una resolución fundada. Sus topes temporales están fijados según la gravedad: en general, 180 días para delitos con pena mínima igual o superior a cinco años y otros plazos tasados para hechos más graves y menos graves, con posibilidad de revisión y de sustitución por prisión domiciliaria cuando cambian las circunstancias.

Recursos y ejecución de la sentencia en Chile

Frente a la sentencia del Tribunal Oral en lo Penal cabe recurso de nulidad ante la Corte de Apelaciones correspondiente, por causal de derecho o por infracción sustancial de derechos, y en casos calificados puede llegar a la Corte Suprema. Paralelamente, la acción constitucional de amparo ante la Corte Suprema protege a quien sufre privación de libertad con infracción de derecho (por ejemplo, cuando se estima ilegal o arbitraria una prisión preventiva). La ejecución de las penas privativas de libertad corresponde a Gendarmería de Chile, que administra los establecimientos penitenciarios y supervisa las medidas alternativas.

Perú: procesal penal paso a paso bajo el Código Procesal Penal

En Perú el proceso penal común se rige por el Código Procesal Penal (Decreto Legislativo 957), inspirado en el modelo acusatorio y aplicado de manera progresiva en los distintos distritos fiscales. La investigación la conduce el Ministerio Público (Fiscalía de la Nación y fiscalías especializadas), con el apoyo de la Policía Nacional. Un juez de investigación preparatoria controla la legalidad y un juez penal (unipersonal o colegiado) juzga en juicio oral.

El código estructura el proceso en tres fases bien diferenciadas: investigación preliminar (diligencias iniciales), investigación preparatoria formalizada (donde se precisan cargos y se reúne prueba de cargo y descargo) y etapa intermedia (donde se sanea la acusación). El juicio oral se celebra ante el Juzgado Penal Colegiado (tres jueces) o Unipersonal (un juez, según la gravedad), con plena publicidad y oralidad. El detenido por flagrante delito puede ser detenido por la policía hasta 24 horas, plazo tras el cual el fiscal lo pone a disposición del juez.

Fase en Perú	Autoridad competente	Plazo orientativo
Denuncia y diligencias preliminares	Ministerio Público (fiscalía)	60 días naturales para diligencias preliminares
Investigación preparatoria formalizada	Fiscal con control del juez	120 días naturales ampliables hasta 60 más
Etapa intermedia y acusación	Fiscal y juez	Plazo regulado en el código
Juzgamiento	Juzgado Penal Colegiado o Unipersonal	Sin plazo tasado de celebración
Sentencia y recursos	Órgano sentenciador y salas superiores	Plazos reglados para recursos

Etapas del proceso penal en Perú

1. Denuncia: ante la fiscalía o la policía; la víctima puede constituirse en actor civil.
2. Diligencias preliminares: el fiscal decide si abre investigación y practica las primeras pruebas.
3. Investigación preparatoria formalizada: el fiscal precisa cargos y reúne pruebas; el juez de investigación preparatoria controla la legalidad.
4. Acusión fiscal: si hay indicios suficientes, el fiscal formula acusación; el juez notifica a las partes.
5. Control de la acusación y etapa intermedia: el juez evalúa la acusación y fija los puntos a debatir.
6. Juzgamiento: ante el Juzgado Penal Colegiado o Unipersonal se desahogan pruebas y se dicta sentencia.
7. Sentencia y recursos: cabe apelación ante las Salas Penales Superiores y casación ante la Corte Suprema.

Medidas cautelares y prisión preventiva en Perú

La prisión preventiva en Perú procede cuando se cumplen los presupuestos copulativos del artículo 268 del Código Procesal Penal: prueba suficiente (fundados y graves elementos de convicción), prognosis penal (pena probable superior a cuatro años de privación de libertad) y peligro procesal (riesgo de fuga o de obstaculización, valorado conforme a criterios como arraigo, antecedentes, gravedad del hecho o pertenencia a organización criminal). El plazo de la prisión preventiva varía según la complejidad y la pena esperada: hasta nueve meses para procesos comunes, hasta dieciocho meses para procesos complejos y hasta treinta y seis meses para casos de criminalidad organizada, con posibilidad de cesación y revisión periódica.

Recursos y ejecución de la sentencia en Perú

Frente a la sentencia de primera instancia cabe recurso de apelación ante las Salas Penales Superiores; frente a la resolución de estas, procede recurso de casación ante la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, por infracción de ley o de precedentes vinculantes. La ejecución de las penas privativas de libertad corresponde al Instituto Nacional Penitenciario (INPE), responsable de los establecimientos penitenciarios a nivel nacional y de la supervisión de penas alternativas como la suspensión de la ejecución de la pena y la libertad condicional.

Cinco países, cinco leyes procesales distintas: lo que cambia entre España, México, Argentina, Chile y Perú no es el principio, sino el plazo, el nombre del juez que controla y la autoridad que ejecuta.

Datos comprobados en septiembre de 2026.

Preguntas frecuentes sobre derecho procesal penal

1. ¿Dónde puedo conseguir un PDF con el Código Procesal Penal de Colombia y la Ley 906 de 2004 explicados?

El texto vigente de la Ley 906 de 2004 (Código de Procedimiento Penal colombiano) está disponible en la página del Congreso de Colombia y en la de la Fiscalía General de la Nación, donde además se publican guías y manuales de actualización procesal.

2. ¿Existe algún manual de derecho procesal penal que sirva para entender el sistema colombiano?

La Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo de Colombia editan cartillas y manuales sobre la Ley 906 de 2004; también hay obras universitarias colombianas, como las de la Editorial Temis y la Universidad Sergio Arboleda, que explican el proceso penal acusatorio paso a paso.

3. ¿Hay esquemas visuales que expliquen el proceso penal colombiano etapa por etapa?

Sí. En portales académicos colombianos como el de la Universidad Libre y en los repositorios de la Rama Judicial se encuentran esquemas y mapas conceptuales del proceso penal de la Ley 906 de 2004, con sus fases: indagación, imputación, acusación y juicio oral.

4. ¿Cuál es el Código Penal que se aplica hoy en Colombia?

El Código Penal colombiano vigente es la Ley 599 de 2000, con sus reformas posteriores; las conductas punibles y las penas están reguladas ahí, mientras que el procedimiento para investigarlas y juzgarlas se rige por la Ley 906 de 2004.

5. ¿Qué regula exactamente la Ley 906 de 2004 de Colombia?

La Ley 906 de 2004 es el Código de Procedimiento Penal colombiano, de corte acusatorio, y regula desde la noticia criminis y la indagación hasta la audiencia de juicio oral, la sentencia y los recursos, con etapas claras y plazos propios.

6. ¿Cómo puedo entender en poco tiempo cómo funciona la justicia penal en Colombia?

La justicia penal colombiana se desarrolla en cuatro fases: indagación (fiscalía investiga), imputación (se formula la acusación), acusación (se presenta el escrito ante el juez) y juicio oral (se practican pruebas y se dicta sentencia), siempre con defensa técnica desde la captura.

7. ¿En qué se diferencia el proceso penal español del colombiano?

El proceso penal español, regulado por la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882, sigue un modelo mixto instructorio, mientras que el colombiano de la Ley 906 de 2004 es plenamente acusatorio, con juez de garantías y separación entre quien investiga y quien juzga.

8. ¿Dónde descargo el Código Penal colombiano actualizado en PDF?

El Código Penal colombiano (Ley 599 de 2000) con sus reformas se puede descargar en PDF desde el sitio oficial de la Fiscalía General de la Nación y del Congreso de la República, que actualizan el texto tras cada modificación legal.

Fuentes

1. UniriojaLa conformidad en el proceso penal: (análisis comparado … – Dialnetconsultado el 29/09/2026
2. VlexEl Derecho Procesal Penal – vLex Chileconsultado el 29/09/2026
3. PjEl modelo procesal penal peruano | Ius vocatioconsultado el 29/09/2026
4. AlbaresabogadosmanisesProcedimiento penal en España: guía para entender las fasesconsultado el 29/09/2026
5. FiscaliadechileSobre la Fiscalía y el Proceso Penal | Web Fiscalía de Chileconsultado el 29/09/2026